22 de Noviembre de 2024
Edición 7097 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 23/11/2024

Alberto Pravia, a un paso del jury

El vicepresidente del Consejo de la Magistratura, Nicolás Fernández, presentó un dictamen en el que solicitó la apertura del proceso de remoción contra el juez Alberto Pravia, acusado de haberle entregado copias del examen con que se iba a evaluar a un concursante para un cargo de juez en Paraná. Para Fernández existió “total evidencia de que Pravia ha sido la persona que le informó a [Hernán] Tuppo de los temas a evaluar” tanto en el concurso 237 como en el 245.

 
El consejero-senador Nicolás Fernández propuso al plenario del Consejo de la Magistratura la apertura del procedimiento de remoción al juez Alberto Pravia, integrante del Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero y además solicitó su suspensión. Para Fernández, el magistrado fue una “especie de protector de su pupilo” Hernán Tuppo.

Hernán Tuppo era uno de los concursantes para el cargo de juez del Tribunal Oral de Paraná. La evaluación se tomó el 4 de septiembre del año pasado. Al comenzar, dos participantes notaron que Tuppo tenía una copia de los exámenes que se iban a tomar. Lo manifestaron al consejero Luis Cabral, quien se encontraba en el lugar, y éste avisó al juez federal Gustavo Zonis.

El dictamen de Fernández enfatiza que Pravia fue jurado en dos concursos: el 245, destinado a cubrir una vacante en el Tribunal Oral de Paraná y el 237, destinado a cubrir tres cargos en el Tribunal Oral de Concepción del Uruguay. En el primero el examen se tomaba el 4 de septiembre y para el segundo dos días antes. En la requisa que se le practicó a Tuppo se le encontraron copias de cuatro proyectos para la prueba de oposición en el primer concurso y una para el examen del segundo concurso.

Fernández sostuvo en su dictamen que Pravia “no sólo le proporcionó los exámenes para dos de los tres concursos a rendirse en Paraná, sino que además fue en calidad de representante del jurado como una especie de protector de su pupilo a los dos concursos en los que integraba el cuerpo evaluador”.

En ese sentido, se indicó que Tuppo, que era secretario de una fiscalía en Saavedra, estaba inscripto para un concurso cuya evaluación se realizó el 3 de agosto de 2009 y no se presentó lo que “guarda lógica” con la ausencia de Pravia en el jurado y “la falta de datos de los temas a evaluar”.

Fernández también cuestionó el “desconocimiento” que Pravia “intentó representar respecto” de Tuppo y enfatizó que “no sólo se conocían sino que compartieron la ciudad de residencia (Santiago del Estero), mantuvieron contactos telefónicos reiterados en días previos al concurso; se proponían escribir libros juntos –o al menos fueron tentados para ello-, y hasta tenían contacto virtual por medios informáticos”.

Fernández sostuvo que la entrega de los temarios por parte de Pravia a Tuppo se produjo en entre el mediodía de 25 de agosto de 2009 y las 18 del día siguiente.

“Se infiere claramente –reza el dictamen- que Hernán Tuppo no sólo ha tenido acceso a los temas que le fueron requisados, sino que tuvo conocimiento del caso que finalmente fue evaluado en el concurso 237, ya que de los manuscritos analizados, se observa en forma evidente que no sólo el postulante antes de la evaluación del concurso 245 había podido analizar los potenciales casos a evaluar, sino que se han encontrado datos precisos de casos que Tuppo no tenía en su poder al momento de realizarle la requisa”.

“De esta última conclusión, se deja en total evidencia que Pravia ha sido la persona que le informó a Tuppo de los temas a evaluar en ambos concursos, ya que se ha demostrado que los únicos que podían tener acceso a los mismos eran los miembros del jurado, y justamente el único que formó parte de sendos cuerpos evaluadores y que tuvo la oportunidad, los medios y las circunstancias para facilitarle los temarios al concursante Tuppo fue Pravia”.

Fernández manifestó que “el daño institucional provocado por la actitud de Pravia no tiene precedentes ni medidas ciertas por su nociva amplitud”.

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dju / dju
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