El viernes el Gobierno mendocino envió una carta al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Alejandro Pérez Hualde, en la que criticó la designación de tres conjueces. Fuentes del máximo tribunal mendocino subrayaron a DiarioJudicial.com que los nombramientos fueron “provisorios” y por lo tanto son “revisables” pero enfatizaron la necesidad de “cumplir con el servicio de justicia”. Responderán la carta entre el martes y el miércoles.
Agosto reavivó la disputa entre los poderes Ejecutivo y Judicial de Mendoza: el viernes último, el Gobierno envió una nota al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Alejandro Pérez Hualde, en la que criticó la designación de tres funcionarios judiciales que no habrían figurado como postulantes ni aspirantes con examen aprobado en el Consejo de la Magistratura local.
Los funcionarios señalados fueron la conjuez del juzgado de Ejecución Penal Nº 2 ubicado en el Penal de Almafuerte, Silvina Culós; la conjueza del juzgado de Familia de Malargüe, María Páramo; y Armando Farina, secretario-conjuez a cargo del juzgado Penal de Menores de General Alvear.
En diálogo con DiarioJudicial.com fuentes judiciales mendocinas hicieron explícito su “asombro” por la nota enviada este viernes y señalaron que la explicación que se pidió por carta era algo sabido por el Ejecutivo, a través de su representante en el Consejo de la Magistratura, Carlos Quiroga Nanclares.
En tanto, el ministro de Gobierno Mario Adaro dijo que “se podría haber mejorado el procedimiento de designación de conjueces”.
Las fuentes de Tribunales añadieron que la Suprema Corte responderá la misiva del Ejecutivo pero no lo hará este lunes sino el martes o el miércoles, al regreso de Pérez Hualde de la Ciudad de Buenos Aires donde está participando de una jornada académica.
Los allegados al máximo tribunal mendocino explicaron las designaciones –que resaltaron que fueron “provisorias” y por lo tanto son “revisables”- en la necesidad de “priorizar el cumplimiento del servicio de justicia”. Destacaron además que no hubo objeciones del Gobierno a la capacidad técnica de los designados.
En los tres casos enfatizaron que todavía no estaban convocados los concursos por parte del Consejo de la Magistratura. Y una vez abiertos, tomaría como mínimo 6 meses cubrir esas vacantes.
En los casos de Culós y Páramo, la fuente consultada por este diario indicó que ambas concursaron para los cargos anteriores que ocuparon y que tienen maestrías de los cursos que brinda la Suprema Corte. En las 3 situaciones dijeron que no se trataba de “personas improvisadas”.
En la nota enviada el viernes, el Ejecutivo resaltó que se incumplió con la acordada 21.074 de la Suprema Corte de Justicia, emitida el 18 de junio de 2008, que señaló: “Resulta necesario, a los efectos de la idoneidad técnica requerida para el ejercicio de la alta función que supone la magistratura constitucional, revestir el carácter de postulante del Consejo de la Magistratura, esto es haber rendido y aprobado ante el mismo los exámenes correspondientes al concurso del cargo de grado y fuero de que se trate”.
Por otra parte, este conflicto reabrió el debate sobre cómo será cubierta la vacante que dejó la ex ministra de la Suprema Corte de Mendoza Aída Kemelmajer de Carlucci, que renunció el 1º de mayo último. El ministro de Gobierno de Mendoza, Mario Adaro, dijo a este diario que ese tema será resuelto directamente por el gobernador Celso Jaque, quien debe proponer un candidato al Senado.
A principios de julio, el titular de la Suprema Corte hizo un pedido público a Jaque para que sugiriera un reemplazante para Kemelmajer de Carlucci, que con su partida dejó al máximo tribunal mendocino con 6 integrantes: Pérez Hualde, Jorge Nanclares, Fernando Romano, Carlos Bohm, Herman Salvani y Pedro Llorente.