Un proyecto presentado en el Senado busca paliar un problema que afecta la aplicación de las penas en causas por narcotráfico: la falta de traductores. Ante la gran cantidad de detenidos provenientes, en su mayoría, de Europa del Este, se propone generar un cuerpo de intérpretes "ad hoc".
Se podría inferir que los primeros problemas causados por la globalización habrían comenzado en tiempos bíblicos. La problemática ante una multitud de lenguas y culturas fue descripta tanto en el Génesis como en la Divina Comedia de Dante Alighieri en su tramo acerca del Infierno. Es en tiempos actuales que la pluralidad de idiomas aún provoca dolores de cabeza. Y el Poder Judicial no está exento de ello.
Un proyecto presentado por la senadora justicialista Sonia Escudero propone crear un Registro de Intérpretes "Ad Hoc" en el ámbito del Consejo de la Magistratura, con el fin de actuar rápidamente ante casos de extranjeros comprometidos en casos de narcotráfico. Según estadísticas oficiales, gran parte de las personas detenidas provinieron de Europa del Este.
"Se ha detectado que los ciudadanos que aparecen detenidos por narcotráfico son mayoritariamente de Europa del Este, donde su principal defensa es desconocer el idioma", detalló Escudero en la última reunión de la Comisión de Justicia y Asuntos penales, la cual ella preside.
Además agregó que "a los jueces en la frontera, les es muy difícil encontrar intérpretes matriculados que puedan hacer la función de traductor".
El proyecto, que fue ingresado bajo el número de expediente S-2051/10, dice en su artículo 1º: "El Consejo de la Magistratura deberá, en su carácter de administrador de los recursos (…), llevar un registro de intérpretes “ad hoc”, con el único requisito de que se trate de personas idóneas para la tarea, para posibilitar la traducción inmediata de documentos o declaraciones que, respectivamente, se encuentren o deban producirse en cualquier idioma distinto al nacional o en idiomas indígenas en cualquier ámbito territorial del país".
La iniciativa también a apunta a la interacción con el Ministerio de Relaciones Exteriores tal como estipula el tercer artículo del texto normativo: "Las embajadas de los países extranjeros deberán, en el marco de los compromisos de asistencia judicial asumidos en los instrumentos internacionales, proveer de modo inmediato a los jueces o fiscales que lo requieran de traductores de los idiomas de esos países al idioma nacional".
Si bien la intervención de intérpretes está regulada en el Código Procesal Penal de la Nación, las nuevas estrategias del crimen organizado que se dedica al narcotráfico revelan "un déficit en la provisión de traductores adecuados en tiempo oportuno, lo que obliga a reconsiderar la cuestión y a contemplar los resortes adecuados para asegurar la intervención inmediata de intérpretes en cualquier idioma extranjero", asentó la senadora.
En los fundamentos del proyecto cita, entre otras fuentes, una nota publicada en DiarioJudicial.com el 7 de junio de 2010 y una crónica de un diario salteño en donde se denuncia la utilización de mulas de Europa del Este. "De este modo", sostuvo Escudero", "por una falla de infraestructura procesal mínima necesaria se consagra la impunidad en casos de graves delitos de narcotráfico".
Crítica fue la postura tomada por el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. En diálogo con DiarioJudicial.com, la traductora pública Perla Klein, secretaria general de la institución, sostuvo: "Nosotros tenemos una ley de creación del Consejo Profesional y tenemos 16 universidades que capacitan traductores para actuar ante la Justicia. En el lado opuesto se encuentra este proyecto que pretende abrir la puerta a que entren improvisados sin formación jurídica y que tengan acceso a un título".
La titular del cuerpo de intérpretes, que cuenta con matriculados en 36 idiomas, continuó: "Todos los traductores fuimos a la universidad, hicimos la carrera en la UBA, pero esto es abrirle la puerta a los truchos y dejar a la gente que estudia de lado". En relación a uno de los casos disparadores del proyecto de la senadora Escudero, Klein aseguró que el Colegio cuenta con un traductor de búlgaro cuya matrícula es la Nº 623.
Pero el problema parecería ser otro según las críticas lanzadas por la traductora. "¿Cuál es la razón por la que los convocados no van a los tribunales? Porque pagan mal. Nos regulan según la voluntad del juez. Hay honorarios sugeridos en el Consejo Profesional y no se cumplen. Un ejemplo personal: por tres meses de trabajo me pagaron 200 pesos, lo tuve que apelar y el resultado fue que me regularon 14 mil pesos", arrojó Klein tras declarar a este medio que evaluarán realizar una presentación formal contra la iniciativa.
En tanto, fuentes de la Comisión de Justicia anticiparon que, en dos semanas, se invitará a especialista de la Corte Suprema para debatir el tema dado que ése va a ser el organismo que va a tener el control del Registro.