El dato surge del informe “Mujeres en prisión: Los alcances del castigo” elaborado por la Defensoría General de la Nación, la Procuración Penitenciaria de la Nación, y el CELS. El documento señaló que el 86% de las detenidas son madres y que el 80% no había estado presa en otra oportunidad. Siete de cada diez mujeres dijeron estar procesadas o condenadas por delitos vinculados con la comercialización o contrabando de drogas.
El informe “Mujeres en prisión: Los alcances del castigo” señaló que en las últimas dos décadas la tasa de encarcelamiento de mujeres aumentó de manera exponencial: según el Servicio Penitenciario Federal (SPF), la población femenina en las cárceles federales pasó de 298 en 1990 a 1.039 en 2007, lo que implicó un crecimiento que alcanza el 350 por ciento.
El documento indicó que a partir de 2008 se advirtió “una disminución” en esos índices, lo que no significa “necesariamente una disminución del número de mujeres presas” sino que podría estar relacionado con la “transferencia a las jurisdicciones locales de la persecución de ciertos delitos vinculados a las drogas, y la sanción de la ley que incorporó entre los supuestos en que procede el arresto domiciliario a las mujeres embarazadas o que tengan hijos pequeños a su cargo”.
La investigación, que fue presentada este viernes en la Facultad de Derecho de la UBA, fue realizada en conjunto por la Comisión sobre Temáticas de Género de la Defensoría General de la Nación, la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y, en la primera etapa por el Grupo Justicia y Género del Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas (CIEPP).
Entre junio y agosto de 2008, se entrevistaron a 148 mujeres privadas de su libertad en distintos penales del SPF en unidades ubicadas en las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Jujuy y en la Ciudad de Buenos Aires (en la Unidad Psiquiátrica Moyano).
El informe señaló que la mayoría de las mujeres encarceladas “pertenecen a los sectores más vulnerables” y afirmó que el 86 por ciento de las encuestadas son madres y muchas de ellas “encabezaban familias monoparentales en las que ejercían la jefatura del hogar”. El informe también alertó que la mitad de las mujeres presas en las cárceles del SPF (un 48 por ciento) son extranjeras.
Se determinó que las mujeres detenidas tienen 36 años en promedio y que el 80 por ciento no había estado presa en otra oportunidad. En el caso de las extranjeras, explicitó el informe, el porcentaje de “primarias” es aún mayor, alcanzando el 96 por ciento.
Casi 7 de cada 10 mujeres respondieron que están procesadas o condenadas por delitos vinculados con las drogas, en la mayor parte de los casos, por comercialización o contrabando de estupefacientes. En el caso de las extranjeras, 9 de cada 10 dijeron estar detenidas por delitos vinculados a las drogas. El resto de las consultadas aseguró estar detenida por delitos contra la propiedad (16,2 por ciento) y el 14,2 por ciento por delitos contra las personas.
En tanto, el informe arrojó que el 55,4 por ciento de las mujeres encuestadas se encuentran con “prisión preventiva”, un instituto que debería ser de carácter excepcional.
Sobre la maternidad en prisión, el documento señaló que “en los casos de las mujeres que tienen hijos menores de edad y que han perdido la convivencia con ellos por su detención, las secuelas del encierro suelen resultar devastadoras ya que su encarcelamiento suele aparejar el desmembramiento del grupo familiar y gravísimas consecuencias en sus hijos, tanto en el plano afectivo y psicológico, como material”.
En relación con las condiciones de detención, el 40 por ciento de las mujeres que solicitaron atención médica “sólo a veces” fueron atendidas y más de la mitad de las consultadas se mostró “disconforme con la atención y con el trato de los agentes de salud”. Asimismo, se indicó que el 47 por ciento de las mujeres que padecían una enfermedad, la contrajeron durante la detención.
El relevamiento también puntualizó que el 67 por ciento de las consultadas “nunca fueron visitadas por sus hijos menores de edad” y sólo el 15 por ciento de las mujeres son visitadas habitualmente por su pareja o cónyuge, pese a que la mitad aseguró estar en pareja. Entre los motivos sobre la falta de visitas, los autores del estudio señalaron la falta de dinero para solventar el viaje y el sometimiento de los visitantes a procedimientos de requisa “que suelen consistir en la obligatoriedad de desnudarse y exhibir las cavidades del cuerpo -boca, vagina, ano- (…)”.
El informe remarcó que “las inspecciones genitales” fueron declaradas “ilegítimas por organismos internacionales de derechos humanos”. También a las mujeres detenidas se les realizaron “requisas vejatorias (…) que consisten en desnudos totales y en la revisión de la zona vaginal y anal”.
Líneas de trabajo alternativas al encarcelamiento
Los autores del informe plantearon tres líneas de trabajo: en primer lugar, evitar el arresto o sustituirlo por arresto domiciliario en los casos de las mujeres embarazadas o aquellas que son madres de chicos menores de 5 años. En segundo lugar, se propuso modificar la legislación para suspender el encierro carcelario cuando se trata de mujeres “primarias” imputadas por delitos no violentos, como es el caso del tráfico de drogas a pequeña escala.
En tercer lugar, se consideró intensificar el uso de las instituciones jurídicas de semilibertad (prevista en el art. 23 de la Ley 24.660) o las salidas transitorias, que, según el documento, “son absolutamente subutilizadas en el sistema federal”. El informe señaló que a diciembre del año 2009, sólo el 15 por ciento de las mujeres condenadas tenían salidas transitorias, y ninguna estaba incorporada al régimen de semilibertad.