La comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura decidió correr traslado de las denuncias formuladas por el CEO de Clarín y por los abogados de Marcela y Felipe Noble contra ambos jueces federales. La notificación por el artículo 11 fue impulsada por el consejero-senador Ernesto Sanz (UCR). En cambio, Nicolás Fernández (FPV) propuso que se rechacen.
La comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura resolvió este jueves dar traslado, por el artículo 11 del reglamento, de las denuncias a los jueces federales Norberto Oyarbide y Sandra Arroyo Salgado cuestionados por Héctor Magnetto y los abogados de Marcela y Felipe Herrera de Noble respectivamente.
El artículo 11 de la comisión estipula que “admitida la denuncia, ésta será notificada al magistrado denunciado, oportunidad en la que se le hará saber que podrá ejercer su defensa por escrito, designar defensor, ofrecer pruebas y expresar lo que corresponda a su derecho, en el plazo de 20 días”.
Quien solicitó la notificación por el artículo 11 del reglamento a los magistrados fue el consejero-senador Ernesto Sanz (UCR) que dijo que no estaba “en condiciones” de votar la desestimación de ambas denuncias, tal como lo había propuesto el consejero instructor, el senador Nicolás Fernández (FPV).
El juez Oyarbide había sido denunciado por Magnetto, José Antonio Aranda y Lucio Rafael Pagliaro por el tratamiento que otorgó a una denuncia que investigaba la posible comisión de incumplimiento de deberes de funcionario público e incitación a la violencia colectiva por parte de funcionarios del Gobierno nacional. En el mes de enero se realizó otra presentación que cuestionaba el uso de la Unidad de Información Financiera (UIF) por parte del Ejecutivo.
El magistrado desestimó esa denuncia, siguiendo el dictamen del fiscal Patricio Evers, el 11 de febrero último. Magnetto, Aranda y Pagliaro, defendidos por el abogado José María Sáenz Valiente, señalaron que, al tomar esa decisión, Oyarbide actuó “con parcialidad, alejándose de la buena conducta, condición de su inmovilidad, comprometiendo la dignidad de su cargo”.
En el dictamen desestimatorio, al que accedió DiarioJudicial.com el senador Fernández señaló que el reclamo de los denunciantes trataba sobre “aspectos netamente jurisdicciones” que el Consejo “no está facultado para corregir”. Y añadió que no se verificaron “conductas que pudieran constituir faltas de carácter disciplinario” y tampoco se comprobaron “indicios de hechos que alcanzaran a configurar supuesto alguno de mal desempeño”.
En el caso de la denuncia impulsada por los abogados Alejandro Carrió y Roxana Piña contra la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado por el “incómodo seguimiento” que habrían sufrido Marcela y Felipe Noble Herrera luego de una audiencia con la magistrada el 28 de mayo pasado, el consejero Fernández dijo que las ordenes libradas por la jueza “han sido fundadas en claros preceptos legales” y se refirió al artículo 218 bis del Código Procesal Penal de la Nación.
“Respecto de los hechos denunciados y la persecución supuestamente realizada por la Policía Federal Argentina, no cabe formularle a Arroyo Salgado imputación alguna, ya que no es responsable la magistrada por cualquier eventual extralimitación de la fuerza policial, lo que por otra parte no estaría prima facie acreditado en autos”, agregó el dictamen suscripto por Fernández.
Asimismo, este jueves se desestimaron denuncias contra la jueza Civil Gabriela Paradiso Fabbri y contra la jueza federal de Mendoza Olga Pura Arrabal, formulada por Hugo Scarzi.
En tanto, el consejero Fernández pidió que se postergara el tratamiento de una denuncia contra el juez Mauricio Zamudio cuestionado por el apoderado del Banco Macro, Ernesto López. Y fue retirado de la orden del día el tratamiento una denuncia contra los camaristas en lo Contencioso Administrativo Pablo Gallegos Fedriani y Jorge Morán y contra la jueza de primera instancia del mismo fuero Liliana Heiland.
El consejero-abogado Santiago Montaña, que instruye una denuncia contra el juez federal de Salta Raúl Reynoso, cuestionado por la Defensoría General por mantener en prisión durante 10 meses a un hombre de nacionalidad búlgara por falta de traductor, propuso al resto de los consejeros visitar el juzgado de Orán pero los presentes pidieron esperar la auditoría ya ordenada.