En la última reunión plenaria de las comisiones de Justicia y Seguridad del Senado, los representantes de las entidas bancarias se mostraron a favor de sumar medidas de seguridad aunque solicitaron mayor "bancarización" para terminar con las salideras. Las comisiones continuaron, además, con el tratamiento del proyecto para prohibir los desarmaderos de autos.
Durante un plenario realizado en el Senado por las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, que preside la salteña Sonia Escudero, y de Seguridad y Narcotráfico, que lidera el chaqueño Fabio Biancalani, representantes de entidades financieras pidieron la bancarización para evitar las salideras, ya que manifestaron que el principal motivo de dicho delito es la utilización de dinero en efectivo. Sostuvieron que las medidas propuestas por el proyecto aprobado en Diputados, y las implementadas por el Banco Central, son “paliativos”.
“La ciudadanía está reclamando soluciones. La voluntad es avanzar en una ley general en materia de seguridad en entidades financieras, y dejar al Banco Central que dicte las medidas específicas”, aclaró la titular de la comisión de Justicia. El tema será debatido en la sesión prevista para el 29 de este mes.
Son cuatro las iniciativas en estudio: una presentada por el radical Gerardo Morales, otra del salteño Juan Carlos Romero, la tercera es de Ana Corradi (Santiago del Estero), y la restante es la norma votada la semana última en Diputados.
Uno de los invitados al plenario fue el gerente general del Banco Central, Benigno Vélez, quien sostuvo que “hay que lograr concientizar a la sociedad para que use menos dinero día a día”, cambio que reconoció llevará muchos años porque se trata de un cambio cultural. Entre las medidas adoptadas recientemente por la entidad mencionó: el cambio de la tecnología analógica a la digital en las cámaras de seguridad, la colocación de estos aparatos en las aceras y la instalación de inhibidores visuales en la línea de cajas. Aún está en estudio la factibilidad de la aplicación de inhibidores de las señales de celulares. El tema está siendo analizado por peritos de la Policía Federal, explicó el funcionario.
La aplicación de los inhibidores fue defendida por el coordinador del proyecto nacional de seguridad teleinformática de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Tecnológica Nacional, el ingeniero Ariel Garbarz. Sostuvo que es una tecnología utilizada en países del primer mundo, especialmente en Estados Unidos, de bajo costo, y que las empresas de telefonía celular que operan en la Argentina disponen de la tecnología necesaria para implementarla.
Por su parte, el titular de la Asociación de Bancos Argentinos (ABA), Mario Vicens, planteó dudas sobre la utilización de estos artefactos por las consecuencias que puedan generar “la salud de los empleados bancarios o de los clientes”. Además, manifestó que la solución de fondo es la bancarización, para lo cual “se deben reducir los costos de las transacciones”, como el impuesto a las transferencias bancarias, más conocido como “impuesto al cheque”. En tanto, el líder de la Asociación de Entidades Bancarias de la Argentina (ADEBA), Norberto Peruzzotti, aseveró que “el delito no va a desaparecer, va a existir mientras haya dinero en efectivo”. Sólo entre noviembre de 2009 y agosto de 2010 hubo 500 salideras bancarias en las entidades nucleadas en ABA, que abarcan el 35 por ciento del sector bancario nacional.
El presidente de la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA), Juan Carlos Fábrega, señaló que “el problema central vinculado a la seguridad tiene que ver con la bancarización y con el manejo del numerario, la posibilidad de extraer grandes sumas de dinero, tema que no está abordado con profundidad en ninguno de los proyectos”.
A la par, los senadores avanzaron esta tarde con el tratamiento del proyecto presentado por el jefe de la bancada oficialista en el Senado, Miguel Pichetto, para clausurar los desarmaderos de automotores, y prohibir la comercialización, transporte y almacenamiento de autopartes.
En esta oportunidad sentaron postura los representantes de la Cámara Argentina de Comerciantes y Reparadores de Partes para el Automotor (CACYRPA). Su presidente Mario Sarnacki lanzó duras críticas en relación con el proyecto y hasta lo comparó con la famosa “ley seca” implementada por Estados Unidos para prohibir la venta de alcohol. “Generará un efecto rebote y el crecimiento del mercado negro y el aumento de los precios”, lanzó.
En lugar de la norma que impulsa el senador Pichetto, propuso incrementar los controles previstos en la ley vigente. “Se dice que hay 5 mil desarmaderos pero sólo hay 125 inscriptos”, puntualizó. Además, advirtió que, de este modo, “no se elimina la ilegalidad del mercado, sino que se elimina a un sector del mercado y se pierden fuentes de trabajo de una industria lícita”.
Finalmente, las comisiones comenzaron esta tarde con el tratamiento del proyecto presentado por la bonaerense Hilda “Chiche” Duhalde que propone declarar la emergencia en materia de seguridad, por el plazo de un año. En tal sentido, la legisladora sostuvo que “si bien las soluciones de fondo son políticas a largo plazo, en el mientras tanto se necesitan medias paliativas”, entre las que nombró: construcción de cárceles, radarización, control de las fronteras, aprovechamiento de la infraestructura ociosa de las fuerzas armadas para la contención de jóvenes que delinquen, entre otras.
El tema seguirá en debate el martes próximo, en el que se profundizará el aspecto de las políticas carcelarias. Ese día, además, deberán firmarse los dictámenes correspondientes a los proyectos sobre seguridad que los senadores prometieron tratar en la sesión prevista para el 29 del actual.