Con esas palabras, el diputado Horacio Alcuaz (GEN) defendió un proyecto que plantea la extinción de la pena o la acción penal en todas las causas judiciales contra personas imputadas a raíz de su participación en protestas sociales.
La comisión de Legislación Penal trató esta semana un proyecto que pretende “poner fin a la criminalización de la protesta social”. Se trata de una iniciativa apoyado por diversas fuerzas entre las que se encuentran el interbloque Proyecto Sur, diputados radicales, de la Coalición Cívica, del socialismo, del GEN y del SI.
Horacio Alcuaz (GEN) es uno de los principales impulsores de una iniciativa con historia que ya fue presentada varias veces desde el año 1999, cuando fuera impulsada, entre otros, por Alicia Castro (embajadora en Venezuela) o el recordado Alfredo Bravo; y sostuvo: “Terminemos con esta manera de usar a la Justicia como método de apriete” y agregó que “lo que se trata es de terminar con la criminalización de los luchadores populares” que “ reciben persecuciones judiciales para intentar provocar que abandonen su lucha”.
A diferencia del proyecto original, el dictamen sobre el que se está trabajando sostiene la calificación de “amnistía” con respecto a la extinción de la pena o la acción penal en todas las causas judiciales contra personas imputadas a raíz de su participación en protestas sociales. “Por una cuestión técnica tenemos que aceptar el termino amnistía”, dijo Alcuaz. En este sentido, Sergio Basteiro (Nuevo Encuentro) explicó que la amnistía “significa reconocer alguna culpabilidad”. Victoria Donda (Libres del Sur) también se refirió a ello: “Es aceptar una culpabilidad” y “ese no es el espíritu”. “Lo aceptamos en función de lograr un consenso”, finalizó.
“En el estado de derecho hay distintos poderes” comenzó su exposición, como quien intenta enseñar en el marco de una clase, Patricia Bullrich (CC). Su objetivo, sostener que con el proyecto se esta “decidiendo sobre decisiones que ha tomado el Poder Judicial”. Para luego instar a que trata “si queremos o no seguir adelante con determinados artículos del Código”. Y repitió: “No me parece bien que pasemos por encima al Poder Judicial”.
“Cuantos incriminados de las fuerzas de seguridad hay” se preguntó Bullrich, “no hay ninguno, a ellos no los incluimos”, se contestó. Luego planteó la posibilidad de debatir la modificación del Código Penal, “planteemos que a partir de ahora si se corta la calle, no es níngún delito”, dijo y agregó “yo estaría dispuesta a cambiar artículos del Código Penal”.
“Estoy de acuerdo en modificar artículos del Código Penal”, dijo mirando a Bullrich Donda, y añadió que “los que fueron procesados por el campo, ninguno está privado de libertad”.
Otros legisladores, tambien se mostraron a favor de la iniciativa, aunque con ciertos recaudos. Raul Bandarreguy (FpV) planteó la necesidad de ser “más preciso en la determinación de la figura”. Oscar Albrieu (FpV), por su parte, aunque también se mostró favorable al proyecto y comparte las razones de este, sostuvo que hay que “ser cuidadosos” ya que el hecho de que esté “técnicamente mal hecho”. “Si no somos precisos en el lenguaje, podemos lograr fines no queridos”, sentenció.
Ricardo Gil Lavedra (UCR) también vio con buenos ojos el proyecto. “En una sociedad que tiene pobreza extrema y excluidos, el derecho a protestar debe estar protegido” dijo y explicó que “muchos de los hechos que han ocurrido no son delito” razón por la cual “amnistiarlos seria una enormidad”. “La pobreza debe ser protegida en sociedades que padecen pobreza extrema”, pero “en las sociedades democráticas la acción directa tiene que ser el ultimo paso”, precisó.
Claudia Gil Lozano (CC) respondió esto ultimo que mencionó Gil Lavedra: “En los caudales en los que debería vehiculizarse la protesta, no hay respuestas”. Para culminar, tomó la palabra nuevamente Alcuaz, hablando desde el sentimiento, dijo: “hay alumnos procesados de la UBA porque resistieron el arancelamiento de la universidad”; “los obreros de Kraft siguen hoy, 16 meses después, procesados”. “El objeto de esto es que nuestros trabajadores, estudiantes y desocupados tengan la posibilidad de protestar”, concluyó.
Luego, los diputados acordaron cambios de orden técnico que serán realizados en las reuniones de asesores para luego sí pasar a la firma el dictamen para que pueda ser tratado en el recinto.