Comenzó a funcionar el Grupo Especial de Asistencia Judicial (GEAJ), destinado a realizar tareas investigativas, allanamientos, requisas y secuestros de objetos para la obtención de muestras. La Unidad está integrada por expertos de las cuatro fuerzas federales de seguridad y coordinado por una ex jueza.
El ministro de Justicia, Julio Alak, anunció que comenzó a funcionar el Grupo Especial de Asistencia Judicial (GEAJ), destinado a realizar tareas investigativas y los allanamientos, registros, requisas y secuestros de objetos para la obtención de muestras de ADN en el marco de las causas en las que se investigan delitos de apropiación de niños durante la última dictadura.
El GEAJ, creado por la resolución 1229/09 de la cartera de Justicia, tiene por finalidad la de coordinar grupos operativos de las cuatro fuerzas federales de seguridad integrados por efectivos especializados de las áreas científicas de esas instituciones. El Grupo funciona en el ámbito de la Secretaría de Justicia de la Nación bajo la coordinación civil de la ex jueza Ana María Careaga, en tanto la capacitación de sus miembros estará a cargo de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), que depende de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Concretamente, expertos del Ministerio Público Fiscal, del Ministerio Público de la Defensa, psicólogos, abogados y especialistas en criminalística y genética forense son los encargados de capacitar a los integrantes del Grupo.
El equipo cuenta con técnicos expertos en recolección de muestras de material genético (tarea que se realiza en base a un estricto Protocolo de Actuación) y profesionales de la salud especializados en contención psicológica de víctimas, además de equipos de registro fílmico y fotográfico de los procedimientos.
Un último caso testigo que permitió avanzar en la ejecución del GEAJ fue el enmarcado en la recuperación del nieto 102 por parte de la agrupación Abuelas de Plaza de Mayo. Como en otros casos, el joven se negaba a realizarse el análisis de ADN. Fue así que el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la que se expidió en contra de la extracción obligatoria, pues aún había medidas alternativas para obtener ADN.
El juez Canicoba Corral ordenó entonces la realización de un allanamiento para obtener muestras de ADN de objetos personales, pero las pruebas fueron "fraguadas" y resultó "imposible reconstruir el perfil genético del joven", según declaraciones oficiales de la agrupación.
Se alcanzó la verdad porque frente a las dificultades para obtener material genético suficiente que determinara la identidad del joven, el juez adoptó una medida de último recurso que finalmente logró resolver el caso: una requisa imprevista de ropa del joven. Eso posibilitó obtener las muestras de ADN que hoy restituyen la identidad del joven.
Sanción
Asimismo, el ministerio de Justicia informó que, ante cuestionamientos formulados por organismos de Derechos Humanos a procedimientos frustrados de toma de muestras de ADN, la Policía Federal Argentina separó al subcomisario Carlos Antonio Garaventa, integrante de la unidad especial que estaba encargada de este tipo de procedimientos. Simultáneamente, la división Asuntos Internos de la Policía Federal inició una exhaustiva investigación interna con el objetivo de esclarecer los hechos denunciados.
“No vamos a tolerar obstrucciones en los procesos investigativos que apuntan a seguir avanzando en el camino de la Memoria, la Verdad y la Justicia, porque no estamos dispuestos a retroceder un centímetro en ese proceso fundamental para el fortalecimiento de nuestra democracia”, advirtió el ministro Alak.