La diputada oficialista afirmó este jueves en el Plenario del Consejo que esa situación fue advertida por Héctor Cuello, integrante de la Comisión de Estudiantes por los Derechos Humanos y la Ética, y por el Observatorio de Derechos Humanos de Mendoza, querellante en el expediente. Asimismo se dio a conocer la ampliación de la cautelar del conjuez mendocino, Carlos Parellada, que paralizó otra denuncia contra Otilio Romano.
Este jueves, en la reunión plenaria del Consejo de la Magistratura la consejera-diputada Diana Conti advirtió al pleno que Luis Miret, quien fue enviado a juicio político y se encuentra suspendido en su cargo, sigue “ocupando su despacho y trabajando allí su defensa”. La información le llego a la consejera mediante una comunicación telefónica por parte de Héctor Cuello, integrante de la Comisión de Estudiantes por los Derechos Humanos y la Ética, y por el Observatorio de Derechos Humanos de Mendoza, querellante en el expediente contra el magistrado.
En el mismo sentido, Conti también notificó al resto acerca de una resolución del conjuez mendocino, Carlos Parellada, por la que se amplía la medida cautelar dictada en el marco de un amparo presentado por Otilio Romano, por lo que se paraliza la tramitación de otro expediente contra el magistrado, el 280/2010.
Lo que fue considerado por Héctor Masquelet como una situación “escandalosa” ya que “hay maniobras dilatorias que exceden ampliamente el derecho a defensa”. Por ello, Conti solicitó que se active otro expediente, llevado adelante por el consejero-abogado Santiago Montaña, para que Olga Pura Arrabal informe sobre como se designan los jueces ad hoc en la provincia.
Además, Masquelet vislumbró otra situación: “Me parece que el Consejo debería llevar su propia representación legal en aquellas cuestiones en donde se encuentran cuestionadas las facultades del consejo”. El presidente del organismo, Luis María Cabral, se mostró favorable a los dichos del representante del Poder Ejecutivo, y planteó la posibilidad de realizar una presentación por denegación de justicia.
Luego el consejero-senador Oscar Aguad pidió incluir en el temario del día el tratamiento de una declaración por parte del Consejo con respecto al caso Sosa para que ingresara en el organismo el tema. Diana Conti explicó la imposibilidad del incumplimiento del fallo ya que “existe una normativa moderna” en la provincia. Marcelo Fuentes, lo consideró “improcedente” ya que “ni siquiera los cuerpos colegiados parlamentarios han decido sobre el tema”. Cabral expresó la necesidad de “reafirmar el carácter que corresponde al acatamiento de los fallos que se encuentran firmes”.
La normativa moderna de la que habla Conti se explica a partir de la actualización de las leyes en la provincia en lo que respecta a asimilar las jerarquías del Ministerio Público de la defensa y del Ministerio Público Fiscal. “No existe el diagrama institucional” en el que entraría el cargo de Sosa. Aunque Aguad, habló acerca de “la existencia de un acuerdo entre la Corte y el gobierno de Santa Cruz para desdoblar cargos y se pueda así cumplir con el fallo”. Cabe recordar que el tal proyecto de reforma no prosperó en la Legislatura provincial.
Más allá del ida y vuelta en torno al caso Sosa, no se pudo incorporar “oficialmente” el caso y la posibilidad de una declaración desde el organismo sobre lo acontecido, ya que al momento de votar por la incorporación de este nuevo tema en la orden del día los números no dieron. Seis consejeros votaron a favor, Aguad, Candioti, Gálvez, Montaña, Mosca y Cabral, pero se necesita una mayoría especial (dos tercios) que no se logró ya que Conti, Fuentes, Kunkel y Masquelet votaron en contra.