Un decreto firmado por el Ejecutivo porteño desató otra polemica ya que eliminó la publicación de los antecedentes del candidato que impulse. Varias Ongs consideraron que “reducirá el nivel de legitimidad de ese candidato”. Por su parte, Daniel Presti, subsecretario de Justicia porteño salió a defender la medida: “La Ciudad garantiza la transparencia en el proceso de designación de Jueces”, sostuvo.
La publicación del decreto 713/2010 del gobierno porteño, desató nuevamente el conflicto en el marco de la designación del miembro del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad que reemplazará a Julio Maier.
La mencionada resolución deroga el decreto 1620/03 que preveía un proceso de selección similar al que se utiliza para el nombramiento de los jueces de la Corte Suprema de Justicia a Nivel Nacional, y tiene como base la publicidad de los antecedentes del postulante que proponga el Ejecutivo de la Ciudad.
Varias organizaciones no gubernamentales ya se han pronunciado ante ello, entre otras, el CELS, la ADC, la ACIJ y el Observatorio de Derechos Humanos, quienes calificaron como un “fuerte retroceso” la medida dispuesta ya que se “reducirá el nivel legitimidad de quienes sean propuestos para ocupar la vacante del Tribunal Superior de Justicia”.
En el mismo sentido se expresaron varios diputados de sectores de la oposición. Se trata de los legisladores Julio Raffo, Jorge Selser y Rafael Gentile, que mostraron su “profunda preocupación por el rumbo asumido por el Poder Ejecutivo con esta medida”. “Creemos que esta decisión… está claramente orientada hacia la supresión de todo límite normativo a la discrecionalidad, posibilitando en un futuro inmediato el ejercicio liso y llano de la arbitrariedad, sin miramiento alguno respecto de los derechos de los ciudadanos de acceder a la información pública y la salvaguarda de un ámbito transparente de discusión y participación democrática en todos los actos de gobierno”.
La respuesta no se hizo esperar, Daniel Presti, subsecretario de Justicia de la Ciudad explicó que “la transparencia en la designación de Jueces del Tribunal Superior de Justicia está garantizada” y agregó que “la derogación del decreto 1620/03 no implica, bajo ningún concepto, que se cercene, se altere o menoscabe la participación ciudadana en el proceso de designación de los integrantes tanto del Alto Tribunal como del Fiscal General, del Defensor General y del Asesor Tutelar del Ministerio Público”.
En la misma linea se expresó el presidente de la Comisión de Justicia de la Legislatura, Gerardo Ingaramo, “el cambio de normativa es acertado, ya que la autorrestricción que suponía el decreto anterior duplicaba los procedimientos existentes y sólo provocaba dilaciones innecesarias”, y agregó “el conflicto de poderes desatado por el entonces nombramiento Daniela Ugolini en la máxima instancia judicial es una prueba del retroceso que suponía atenernos a la normativa anterior”.
Ambas posturas expresadas fundamentaron sus posiciones a través de los que hace poco tiempo atrás resolviera el mismo TSJ en el marco de la causa por conflicto de poderes. Los legisladores de Proyecto Sur, sostuvieron: “’Una petición cuyo destino debió ser el archivo’, en palabras de la jueza Alicia Ruiz, no sólo posibilitó la legitimación del "per saltum" bajo el nombre de ‘conflicto de poderes’ para intentar amedrentar y disciplinar a los jueces que hacen cumplir la Constitución local, sino que ahora es invocada por parte del mismo Poder Ejecutivo como razón para hacer tabla rasa con una herramienta de transparencia en los actos de gobierno”.
Presti, por su parte, argumentó que“conforme a cómo quedó resuelto el conflicto de poderes planteado en oportunidad de la designación de la candidata del Ejecutivo al Alto Tribunal, quedó perfectamente establecida la potestad del Poder Ejecutivo de elevar a la Legislatura para su tratamiento la candidatura de los integrantes a las máximas instancias judiciales”.
Y agregó: “Debe darse por descontado, que al momento de elevarse cualquier propuesta para cubrir las máximas instancias judiciales, el Poder Legislativo contará con todos los elementos de juicio necesarios para debatir la idoneidad del candidato propuesto, su compromiso con la democracia y los Derechos Humanos, sus declaraciones juradas de bienes y su situación impositiva”.