La reforma del Consejo, cada vez más lejos de aprobarse este año

El presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, Nicolás Fernández (FPV), defendió la ley vigente que regula el funcionamiento del Consejo de la Magistratura (26.080) – “trajo aparejada una innumerable cantidad de beneficios”, señaló- y afirmó que el proyecto de reforma, que ya tiene media sanción de Diputados, “tiene una sola finalidad” que es “generar un hecho político: ponerle punto final a un proyecto de ley que tuvo matriz de la Presidente”. En el diálogo que mantuvo con DiarioJudicial.com en su despacho del tercer piso de la Cámara Alta –adornado con fotografías con Néstor y Cristina Kirchner-, Fernández sostuvo que tras la reforma de 2006 circularon “dos falacias”: que el oficialismo tuviera “mayoría automática” y “poder de veto”. “En la única oportunidad que hace falta un oficialista es para remover o designar un juez, lo cual no es poder de veto, sino la participación de un estamento en una decisión de trascendencia”, opinó el senador por Santa Cruz. Entre los puntos a favor de la reforma de 2006, defendió la unificación de las comisiones de Disciplina y Acusación y la incorporación del rechazo in límine de las denuncias contra jueces. Dijo que el proyecto de Diputados “no mejora nada de la situación actual” y sostuvo que “debió haberse previsto una reelección [para los consejeros políticos]” pero igualmente aclaró: “No lo vamos a incorporar nosotros”.

Consultado en relación con el inicio del tratamiento de la reforma al Consejo en la comisión de Asuntos Constitucionales (que es la de cabecera), Fernández dijo: “Ahora estamos con temas urgentes como el del Código electoral del MERCOSUR. No puedo decir que no es una prioridad. El tema lo vamos a tratar, pero no creo que sea un tema prioritario para el funcionamiento de la justicia”.

El senador por Santa Cruz manifestó que era una “posibilidad cierta y concreta que [la reforma] se trate en la comisión antes del 30 de noviembre” y enfatizó que su posición es “adversa a la reforma del Consejo” aunque reconoció que en estos 4 años faltó mejorar el sistema de selección de jueces y el de contrataciones y licitaciones pero rechazó que en el proyecto aprobado por Diputados hubiera elementos para mejorar la “calidad institucional” y consideró que tampoco incorporaba “calidad institucional” la presencia de más académicos y de más representantes de los abogados.

“Yo creo que no es bueno que presida el Consejo el titular de la Corte Suprema, de hecho no fue bueno en su composición originaria [pasaron por el órgano los supremos Julio Nazareno y Enrique Petracchi]. Sucedía que la agenda del presidente, cuando no tenía que ver con la del Consejo, hacía que la voz del presidente de la Corte la llevara el secretario del Consejo, lo cual no deja de ser un disparate”.

¿Cómo están las voluntades dentro del oficialismo? En Diputados estaban los proyectos de Alejandro Rossi (que proponía tomar examen a los jueces cada 4 años) pero también la iniciativa de Diana Conti, que buscaba un Consejo similar al actual entr otros.

Yo estoy más cercano de la no reforma pero no te podría decir que esa es la voluntad (corta y retoma)…en líneas generales es la voluntad del oficialismo y de los que tienen cercanía con el Consejo de la Magistratura. Pero como no es un tema que se haya debatido ni siquiera en el bloque, no quiero aventurar que esa es la posición del bloque. Es mi posición, es seguramente la de [el consejero Marcelo Fuentes], seguramente debe ser la de [Miguel Ángel] Pichetto. Yo no veo en la reforma en sí ningún elemento sustantivo que resuelva alguno de los problemas que el Consejo tiene que resolver. La idea de Rossi de ponerle un plazo…si ese fuera el debate yo estaría dispuesto a darlo. No se si ese sería el plazo, no se si el plazo sería 10 años…En una sociedad moderna y pujante, se le puede pedir al Poder Judicial que acredite, a través de un mecanismos que no tengo analizado, si están condiciones de seguir administrando justicia, no es pecaminoso. Pero para la revalida, es importante un trabajo académico, similar a lo que se hizo con la ley de medios, en donde participen los distintos estamentos, las distintas universidades, a los efectos de que no se llegue a una decisión parlamentaria donde solo se discute qué sector político la propone.

Como vicepresidente del Consejo de la Magistratura (N. de la R: su mandato vence el próximo 17 de noviembre) y presidente de la comisión Asuntos Constitucionales en el Senado, ¿Hay consejeros que le están pidiendo que impulse esta reforma?

No. Con respecto a la reforma de Diputados, no hay un pedido institucional horizontal que vea en esa reforma alguna de las cuestiones no resueltas por la Magistratura y por eso no hay una gran movilización detrás de la reforma. No obstante, obviamente todos saben que en algún momento esto se va a tratar. Si vos me preguntas si tengo un masivo pedido de gente para que trate la reforma, te digo que creo que no me llamó ninguno. Con esta ley se busca generar un hecho político.

Si se llegara a aprobar la reforma, ¿Qué posibilidad hay de que la Presidente vete la ley?

Primero y principal tiene que pasar por el Senado. Me imagino que es un hecho que analizará, no solo el veto sino la consecuencia práctica de reforma a la Magistratura. Es lógico que [desde el oficialismo] defendamos que el poder que gobierna la Republica, tenga un porcentaje lógico para la integración. Si eso no está lesionado, no creo que haya que pensarse en el veto.

Consultado en relación con los políticos que pudieran reemplazarlo en el Consejo, Fernández dijo que también escuchó hablar de los senadores Marcelo Guinle, Guillermo Jenefes y Miguel Pichetto pero afirmó que “se está hablando mucho de la representación del género. “Yo se que está en cabeza de la Presidente esa idea de que el género tiene que participar”, dijo el senador por Santa Cruz que aclaró que si bien no se pondría taxativamente en la ley la idea de “cupos”, la primera mandataria consideraría que “es importante la representación de las mujeres” tanto de Diputados como del Senado (en la reforma propuesta por Diputados se establece que deberán haber 6 legisladores “a propuesta de los tres bloques más numerosos de cada Cámara”).

Asimismo, el santacruceño consideró “un retroceso” que los consejeros puedan no ser abogados “porque indefectiblemente se analizan cosas vinculadas a la administración de justicia”. “Si la reforma hubiera sido dirigida a la participación estamentaria, deberían haber incluido al sector gremial”.

“El proyecto es sesgado –concluyó Fernández-, ya que quieren hacer un Consejo tipo Cabildo abierto deberían haber puesto a los gremios. El proyecto tiene una sola finalidad: generar un hecho político que es haberle puesto punto final a un proyecto de ley que tuvo matriz la Presidente”.

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