Brevatas

Casación le negó la excarcelación a Barreda

La sala I de la Cámara de Casación integrada por Federico Domínguez y Víctor Violini rechazó el pedido de excarcelación presentado por la defensa de Ricardo Barreda. El odontólogo, fue condenado a prisión perpetua en 1995 por el homicidio de su esposa, suegra y sus dos hijas. Actualmente, a sus 75 años, cumple arresto domiciliario en un departamento del barrio de Belgrano, donde vive junto a su novia.

Manuel Gonçalvez es el hijo de Gastón Gonçálvez

En el inicio, este jueves, de las declaraciones testimoniales en el primer juicio oral contra el ex comisario Luis Abelardo Patti, Manuel Gonçálvez, hijo de Gastón Gonçálvez, aseguró que cuando se identificaron los restos de su padre enterrado como NN en Escobar en la década del ‘90, “Patti era intendente  y era el que tenía el poder en la zona”. “Había mucho miedo en Escobar”, completó Gonçálvez que recuperó su identidad pocos años atrás. Luego declaró Gastón Gonçalez, otro de los hijos de la víctima, quien afirmó que “a los seis meses de la desaparición de mi padre, un representante de la Iglesia Católica le dijo a mi madre que no lo buscara más, que nunca lo iba a encontrar”.

El jugador de fútbol fue interceptado el año pasado en la localidad de Ciudadela

Un fiscal de San Martín solicitó este jueves penas de entre 35 y 38 años de prisión para los dos adolescentes acusados por el asalto en el que el ex futbolista Fernando Cáceres resultó baleado en la cabeza el año pasado en la localidad bonaerense de Ciudadela. En su alegato ante el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil 1 de San Martín, el fiscal Fabián Hualde solicitó esas penas para los dos adolescentes del barrio “Fuerte Apache” de 18 años, que tenían 17 al momento del hecho. Los menores de edad llegaron a este debate no sólo acusados del ataque a Cáceres, sino también por un raid que incluyó otros tres asaltos con robo de automóviles.

La Cámara Federal de Paraná convocó a nuevas audiencias por el corte del puente

La Cámara Federal de Paraná realizará, este viernes, una audiencia pública para resolver la apelación presentada por la fiscal Daniela Neyra, contra la decisión del juez Gustavo Pimentel que había desestimado el pedido del Poder Ejecutivo nacional para que diez asambleístas de Gualeguaychú sean indagados, en el marco de la denuncia penal del Estado por los cortes del puente internacional. El Gobierno, constituido como parte querellante en la causa, había pedido la citación a indagatoria de diez manifestantes por hechos que calificó como homicidio culposo, amenazas, amenazas agravadas, daños a bienes públicos, entorpecimiento del normal funcionamiento de los transportes, instigación a cometer delitos, intimidación pública, apología del delito, otros atentados al orden público, delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación, atentados al orden constitucional y a la vida democrática, sedición, atentado y resistencia contra la autoridad y encubrimiento.