Se definió en el plenario de este jueves. A la reunión acudió el Procurador Esteban Righi. Gálvez casi no intervino en la discusión y al final pidió permiso para abstenerse.
En un plenario definido por el presidente del Consejo de la Magistratura, Luis Cabral, como “el más largo” de toda su gestión -se extendió por casi 5 horas-, el órgano resolvió este jueves presentarse ante la Corte Suprema para manifestarle al Máximo Tribunal en audiencia pública la “gravedad institucional” que implica que un juez ad-hoc haya frenado la investigación que le seguía el Consejo al camarista mendocino Otilio Romano, cuestionado por su actuación en causas por delitos de lesa humanidad.
El Consejo también le pedirá a la Corte que constituya la Cámara Federal de Mendoza para intervenir en las causas por derechos humanos porque tanto Romano (presidente del tribunal) como los camaristas Alfredo López Cuitiño, Julio Petra Fernández (ambos de la Sala A) como Antonio Endeiza (de la Sala B) están inhibidos de intervenir en esos expedientes. Actualmente Endeiza está solo en la Sala B porque el camarista Luis Miret, que la integraba, fue suspendido y enviado a juicio político el 16 de septiembre último.
Al plenario de este jueves concurrió el Procurador General Esteban Righi que la semana pasada presentó una nota ante el Consejo en la que pidió “normalizar la situación” de “crisis institucional” de la justicia federal mendocina. Al ingresar al salón, Righi, que llegó acompañado por colaboradores, saludó uno a uno a todos los consejeros presentes y aseguró que era la primera vez que iba Consejo para una actividad que no fuera protocolar.
Antes del inicio de la exposición de Righi, el consejero-senador Ernesto Sanz anunció que esta semana hubo una presentación ante el Consejo del abogado de Romano, Juan Carlos Aguinaga, en la que manifestó que la invitación al Procurador General generaba “coacción” en los jueces. Luego, Righi manifestó que siempre respetó la “autonomía” de los fiscales y añadió: “No existe fiscal que pueda sostener que yo lo llamé para darle instrucciones”.
El Procurador cuestionó que una decisión del Consejo –la de citar por el artículo 20 del reglamento a Romano- no pueda ser ejecutada por una resolución que tomó un “abogado de la matrícula federal”, como definió al juez ad-hoc Carlos Parellada y añadió que el hombre que dictó el amparo a favor de Romano debió haberse apartado porque fue designado conjuez por la Cámara que preside el magistrado cuestionado.
Righi también cargó contra el fallo de la Cámara Federal de Mendoza (integrada en esa oportunidad por los jueces Petra Fernández, Leopoldo Rago Gallo y el consejero Miguel Ángel Gálvez) que apartó al juez federal Walter Bento de la investigación penal contra Romano y Miret y dijo que al menos dos de los tres jueces que lo firmaron, no deberían haber intervenido pero no dijo quienes. En ese momento, Gálvez se había retirado del recinto.
“Que no queden dudas que voy a respaldar institucionalmente al fiscal Omar Palermo y lo voy a mantener en el cargo”, sentenció Righi que aseguró que le preocupaba que la Cámara se arrogara funciones que no le correspondían y desconociera la actividad de Palermo.
La exposición de Righi y sus colaboradores duró aproximadamente una hora. Cuando se retiraron, continuaron las audiencias públicas para varios concursos y la discusión por la situación de la justicia federal mendocina se retomó alrededor de las 12. En ese momento, el consejero-senador Marcelo Fuentes (FPV) habló de “mecanismo kafkiano de enredos”.
La consejera-diputada Diana Conti indicó que presentará un dictamen para la suspensión tanto de Parellada como de Romano. El consejero-senador Nicolás Fernández pidió que el Consejo no fuera una “figurita decorativa” y exhortó a dar un “mensaje fuerte”.
Los consejeros debatieron durante un rato largo sobre la posibilidad de incumplir una medida cautelar. Luego, Sanz aseguró que “siempre estamos a tiempo de recuperar la autonomía institucional” y dijo que había conversado con otros consejeros para acelerar lo máximo posible el trámite para la definición del magistrado que integre el tercer juzgado federal de Mendoza, expediente que aguarda la decisión del Ejecutivo y el acuerdo del Senado.
Alrededor de las 13, cuando estaba concluyendo el debate, el consejero-juez Gálvez aseguró que “celebraba” que se hubiera dado el debate y afirmó que no intervino porque tenía una denuncia en su contra por el fallo que suscribió en el que se recusó a Bento. Así, pidió al plenario poder abstenerse de votar en la causa. Luego, comenzó a correr la versión de que Gálvez había recibido una llamada telefónica en la que le anunciaban que el juez federal Rago Gallo había ordenado la excarcelación de todos los represores detenidos por crímenes de lesa humanidad en San Juan. Este diario no pudo confirmar esa versión.
Más tarde, en la comisión de Disciplina y Acusación, se resolvió, a propuesta de Conti, suspender la auditoría que estaba prevista para la semana próxima en la Cámara Federal de Mendoza a espera de los resultados de la reunión con la Corte. Asimismo, se sorteó el expediente que inició Righi que recayó sobre Sanz.