Así lo informaron fuentes judiciales, las que revelaron que los ministros volvieron a reunirse hoy, un día después de firmar la acordada 445/02 en la que se resolvió remitir “toda la información solicitada” por la Comisión, gran parte de la cual –según advierte en su texto—puede consultarse en la jurisprudencia de la Corte y también en la Oficina de Estadísticas.
El texto de la acordada fue difundido a través de los tres grandes diarios de difusión nacional y un día después fue puesta a conocimiento de los demás medios acreditados en el Palacio de Justicia.
Respecto de la resolución de hoy, las fuentes consultadas recordaron que mediante la acordada 1/2000, el tribunal puso a disposición para su consulta las declaraciones patrimoniales juradas de los ministros, las que quedaron en sobre cerrado bajo custodia del Administrador General, Nicolás Reyes, por lo que la única restricción es que sólo se podrá acceder a ellas en el Palacio de Justicia.
De ese modo, los integrantes de la Comisión parlamentaria que impulsa el juicio político a los miembros del tribunal deberán trasladarse a los tribunales si quieren consultar la documentación.
En la resolución del miércoles, el único que planteó su divergencia parcial fue el ministro Adolfo Vázquez quien, pese a acceder a los reclamos, advirtió que “resultan inadmisibles los informes que se solicitan, en tanto delatan el ejercicio de una comisión investigadora por parte de quien se concibe a si mismo como un poder superior (Legislativo) en carácter de órgano de superintendencia de la cabeza de otro de los departamentos del Estado Nacional como lo es esta Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
De todos modos, la mayoría sostuvo que la información requerida “tiene carácter público” y “no reviste la condición de reservada por no darse ninguno de aquellos supuestos previstos a la luz de la Constitución Nacional y de las leyes”, por lo que estaría autorizada a ordenar su remisión.
Ante un requerimiento puntual, la acordada advierte que “las funciones y responsabilidades atribuidas en general a los Secretarios y Prosecretarios Letrados asignados a los Ministros y a los Secretarios de esta Corte, son las establecidas por el artículo 102 bis del Reglamento para la Justicia Nacional, pero individualmente dependen de las necesidades circunstanciales de cada causa en trámite”.
Por otra parte, y en relación con causas solicitadas por la Comisión, el tribunal advierte que muchas de ellas ya fueron archivadas y otras devueltas a los tribunales de origen, y su recopilación “no podría cumplirse sino en varios meses de trabajo”, ya que demandaría “el estudio de miles de actuaciones”.
En otro orden de cosas, la Comisión de Juicio Político resolvió anoche posponer la reunión prevista para hoy, en la cual se iba a escuchar a funcionarios y ex funcionarios, en relación con la causa por la voladura de la Embajada de Israel en Buenos Aires.
La audiencia, que fue postergada hasta el martes de la semana próxima debido al tratamiento en el recinto del Presupuesto Nacional previsto para hoy, con la participación de todos los bloques parlamentarios, comenzará con la declaración del integrante de la Cámara Nacional de Casación Penal Alfredo Bisordi, quien se desempeñó como secretario de la Corte durante el primer tramo de la investigación, sobre la cual el Máximo Tribunal tiene competencia originaria.