La Corte Suprema de Justicia dio el último paso necesario para destrabar el concurso 140 y declaró inadmisible un recurso extraordinario presentado por uno de los concursantes.
Este jueves, en lo que fue la última jornada de reuniones de comisiones con la actual conformación, se anunció la notificación al Consejo de un fallo de la Corte Suprema que declaró inadmisible un recurso extraordinario presentado en el marco del concurso 140, destinado a cubrir varias vacantes en juzgados federales de Capital Federal y que cuestionaba el orden de mérito.
Se trata de la causa caratulada “Montanaro Domingo Esteban c/ EN –Consejo Magistratura Resol 592/09 (Concurso 140) y s/ Amparo Ley 16.986”, en la que los ministros de la Corte Suprema confirmaron el rechazo de la queja presentada. Cabe recordar que Montanaro cuestionó la orden de mérito, algo que fue rechazado en primera instancia y luego confirmado por la sala IV de la Cámara Contencioso Administrativo. Ahora tuvo su último revés en la Corte que confirmó el rechazo de la queja presentada.
Asimismo, los consejeros-legisladores Diana Conti, Carlos Kunkel y Héctor Masquelet presentaron una nota para que se prosiga con el mencionado concurso. Sin embargo, será la próxima integración la que decidirá su futuro. Aunque con esta situación el concurso está en el punto en el que se gira el análisis de las impugnaciones a la subcomisión, y luego de ello se estaría en condiciones de aprobar ternas.
En otro orden de cosas, y como ya es costumbre, formaron parte del tratamiento de la Comisión de Disciplina y Acusación dos denuncias contra el titular del juzgado federal Nº 5 Norberto Oyarbide, pero ambas fueron desestimadas.
La primera había sido presentada por el diputado nacional Federico Pinedo (expte. 299/10), y existían dos dictámenes, uno que promovía la citación del magistrado por el articulo 20 –impulsado por el consejero Santiago Montaña- y otro su desestimación, que fue el que finalmente obtuvo la mayoría. La otra (expt. 244/10) había sido presentado por Juan Ricardo Mussa.
Asimismo, se desestimó por unanimidad la denuncia iniciada por los abogados de la dueña del Grupo Clarín -Ernestina Herrera de Noble-, Alejandro Carrio y Roxana Piña contra Sandra Arroyo Salgado (expte. 187/10), la magistrada que lleva adelante la causa en la que se investiga la identidad de Marcela y Felipe Noble.
Misma suerte corrió la denuncia iniciada por el camarista federal mendocino Otilio Romano contra el juez federal Walter Bento (expte. 316/10). Esta no es la primera acusación no tenida en cuenta contra Bento, ya que Luis Miret también había presentado una denuncia contra el magistrado. Cabe recordar que ambos, Miret y Romano, estaban siendo investigados por Bento por su por su accionar durante la dictadura.
Los jefes de despachos deben ser tratados como funcionarios
Entre los temas del día que trató la Comisión de Administración y Financiera existía un punto que tomó vital relevancia con la presencia en la sala de Plenarios de más de 100 personas. El motivo: la existencia de un dictamen que pretendía echar por tierra la resolución 196/06, que modificó la denominación correspondiente al cargo de Jefe de Despacho, por la de Jefe de Despacho de Primera.
Aquella resolución sostiene que “quienes se desempeñan en esta categoría y en razón de la delegación de funciones cada vez mas instalada en el ámbito de la Justicia cumplen con las funciones asignadas a los Prosecretarios Administrativos, las que se enumeran en el art. 32 bis del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, significando para esos agentes la asignación de los deberes que la citada norma les impone”.
Durante la reunión, se hizo presente el titular de la UEJN, Julio Piumato, quien explicó la importancia de las paritarias. “Seguimos con la ´pata chueca´ en el Poder Judicial [ya que] las reglas de la OIT no se están cumpliendo”, sostuvo, y añadió: "Se le están quitando derechos que adquirieron en el 2006. El jefe de despacho cumple con muchas de las responsabilidades que antes cumplía el prosecretario administrativo. Merecen el mismo trato que los funcionarios y los magistrados”.
Luego, el debate entre los consejeros pertenecientes a esta comisión no se definió en la cuestión de fondo en la que todos estaban de acuerdo -la vigencia de la mencionada resolución- sino en si elaborar o no un nuevo dictamen con fundamentaciones jurídicos, propuesta de Luis Cabral. Cada uno votó por sus argumentos. Así, Carlos Kunkel rechazó el dictamen; Héctor Masquelet, Marcelo Fuentes y Oscar Aguad hicieron lo mismo; mientras que Miguel Gálvez y Cabral optaron por el mantenimiento de la resolución. Aplausos, gritos y cánticos, como gestos de alegría, culminaron la reunión.