Brevatas

Acordaron criterios para modernizar el fuero laboral en la Provincia de Buenos Aires

El titular de la cartera de Justicia y Seguridad bonaerense, Ricardo Casal, junto con el Subsecretario de Justicia, Enrique Cervellini, mantuvo un encuentro con representantes de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires (AMATRABA). El motivo de la reunión se vincula con implementar criterios para la formulación de herramientas que permitan modernizar y fortalecer el fuero laboral. En este marco, se constituyó una mesa de trabajo en la que se mantendrán reuniones periódicas con el propósito de discutir y elaborar propuestas concretas en ese sentido. En la oportunidad, se hicieron presentes Alfredo Corvoni, Juez del Tribunal del Trabajo Nº 3 de Lanús y Presidente de la entidad; María Luisa Dugo, Jueza del Tribunal del Trabajo Nº 4 de Quilmes y Julián Ramón Lescano Cameriere, Juez del Tribunal del Trabajo Nº 1 de San Isidro, quienes además cumplen funciones de tesorera y vocal de la Asociación, respectivamente. 

Suspenden la construcción de la represa Ayuí Grande

La Corte Suprema hizo lugar este viernes a una acción de amparo presentado por el Gobierno nacional contra la provincia de Corrientes, con el fin de que le sea elevado un informe de impacto ambiental sobre las obras previstas para la construcción de una represa sobre el Arroyo Ayuí para determinar si las mismas alteran el ecosistema del río Uruguay. El Máximo Tribunal ordenó a la provincia que entregue al Ejecutivo nacional el referido informe a los efectos que, en el plazo de 90 días corridos, valore si las obras concernientes al “Proyecto Productivo Ayuí Grande” se encuentran alcanzadas por la previsiones contenidas en los artículos 7º al 13º del Estatuto del Río Uruguay, de 1975”.

La Cámara Federal de esa provincia dispuso que el servicio debe continuar por 120 días

La Cámara Federal de Salta ordenó, al hacer lugar a una medida cautelar, para que la empresa Cablevisión SA continúe prestando por 120 días el servicio de Internet a los usuarios de Fibertel de esa provincia, y que el Estado Nacional se abstenga de interrumpir ese servicio por el mismo tiempo. Asimismo, dispuso que el Estado deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar los derechos de los usuarios de Salta, como consecuencia de la resolución 100/10 de la Secretaría de Comunicaciones, que dispuso la caducidad de la licencia de Fibertel y fijó un plazo de 90 días para la migración de los servicios que presta la firma. El fallo hizo lugar a una presentación realizada por la Unión de Consumidores de Argentina.

El joven fue visto por última vez en enero de 2009

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) se incorporó a la causa por la desaparición de Luciano Arruga, el joven de 17 años que fue visto por última vez el 31 de enero de 2009 en Lomas del Mirador. El juez de Garantías Gustavo Banco aceptó que el CELS forme parte del proceso penal junto con la familia de Arruga, representada por los abogados de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Matanza. En el escrito presentado ante el juez Banco, el CELS señaló que existen “elementos objetivos que vinculan la desaparición de Luciano Arruga con el accionar ilegal de agentes policiales”. En un comunicado, la entidad recordó que la primera fiscal que actuó en la causa, Roxana Castelli, había delegado la investigación en policías integrantes de las mismas dependencias sospechadas y que los familiares de Arruga denunciaron la situación y la funcionaria fue separada del caso 40 días después. Añadió que la segunda fiscal, Celia Cejas, ordenó medidas que en un primer momento derivaron en la remoción de ocho policías de sus puestos pero “ante la falta de avances en la investigación” los efectivos fueron reincorporados en otras jurisdicciones. Gastón Chillier, director ejecutivo del CELS, aseguró que “el caso de Arruga, al igual que los de otros desaparecidos en democracia, expresa la debilidad de las instituciones para desarticular las redes de ilegalidad y violencia heredadas de la dictadura”. En ese sentido, recordó que la comisaría 8º de Lomas del Mirador, donde el joven habría estado detenido, funcionó como centro clandestino de detención durante la última dictadura y se lo denominaba “Sheraton”.