La secretaria General del Consejo de Europa, Maud de Boer-Buquicchio, aseguró que la edad de responsabilidad penal de los menores "no debe ser demasiado baja y debe estar regulada por ley".
Boer-Buquicchio hizo estas declaraciones después de que el Comité de Ministros del Consejo de Europa aprobara las líneas directrices sobre una justicia adaptada a los menores, tres días antes de que se celebre el Día Internacional de la Infancia.
La mencionada guía establece que "la edad mínima de la responsabilidad penal no debería ser demasiado baja y debe estar regulada por ley".
En la actualidad, en los 47 Estados miembros del Consejo de Europa esa edad mínima está establecida entre los 10 años (Irlanda del Norte, Suiza, y, en algunos casos, Irlanda e Inglaterra) hasta los 18 de Bélgica, pasado por los 13 años en Francia, y los 14 en España, Alemania e Italia.
El nuevo documento promueve las soluciones alternativas a los procesos judiciales, como la mediación. En este sentido, el responsable del Comité del Derecho de Familia de esta organización, Edo Korljan, manifestó a medios locales que un ejemplo a seguir es la labor de los mediadores regionales españoles, porque suponen una alternativa a la judicialización de los conflictos.
La guía defiende que los derechos de los menores "deben estar protegidos de toda discriminación, especialmente las basadas en el sexo, la raza, el color, el origen étnico, la edad, la lengua y la religión".
También pide que la policía respete los derechos individuales y la dignidad de todos los menores, de acuerdo a su vulnerabilidad, y que los jueces cumplan el derecho de los niños a ser escuchados, según su nivel de comprensión y su capacidad de comunicar.
Se recomienda además que los menores tengan acceso a la ayuda judicial gratuita, como ocurre en algunos países como Georgia. Por todo ello, el órgano ejecutivo del Consejo de Europa anima a los estados "a reexaminar su legislación, sus políticas y prácticas internas" con el fin de adoptar las reformas necesarias.
La guía cita la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso "V. y T. contra el Reino Unido", sobre los dos niños de 10 años que secuestraron y mataron en Liverpool en 1993 a un pequeño de dos años.
Según recuerda la guía, el Tribunal consideró que el juicio había sido "incomprensible e intimidatorio" para los menores, que fueron "incapaces de participar eficazmente en el proceso", ya que "fueron juzgados como dos adultos, bajo una cobertura mediática masiva".
Las pautas del documento citan un cuestionario realizado a casi 400 niños de entre 5 y 17 años -la mayoría ha estado en contacto con el sistema judicial- de 25 países. Los menores piden ser tratados con respeto, ser escuchados, recibir explicaciones comprensibles y ser informados de sus derechos. Su apoyo se basa en la familia y los amigos, y desconfían de la policía y los abogados.
Así, se recomienda, por ejemplo, que los jueces no utilicen peluca ante los menores, en los países en los que es costumbre, como fórmula para reducir el grado de intimidación que experimentan los menores.