En la última sesión ordinaria del año, el proyecto con media sanción cayó por siete votos. Miguel Ángel Pichetto, titular del bloque del FpV, lo calificó como un "debate tardío". El radical Sanz ratificó que "el Gobierno seguirá teniendo derecho a veto".
En una jornada muy frenética en la Cámara alta, el kirchnerismo rechazó el proyecto de modificación del Consejo de la Magistratura, que poseía media sanción de Diputados y se impuso por 38 votos sobre 31. En principio se dudaba que el Frente para la Victoria diera quórum a la sesión, pero al final el bloque bajó al recinto y el proyecto se trató en tablas entre una avalancha de temas.
“Si la Corte Suprema preside el Consejo, estaría logrando una concentración de poder”, argumentó Pichetto el rechazo del oficialismo. Según explicó, “cuando uno analiza el actual funcionamiento del Consejo ve que las votaciones, prácticamente, fueron por unanimidad”.
Luego de discutir un par de horas sobre la orden del día, alrededor de las 17, la senadora Liliana Negre de Alonso (San Luis), miembro informante de la oposición, tomó la palabra y solicitó al resto de lo anti-K que acompañen la propuesta de Diputados.
“Solicito a mis pares que no sólo declamemos la calidad institucional sino que recorramos juntos el camino de la calidad institucional”, exhortó Negre de Alonso, que calificó al actual Consejo como un “elefante blanco”. La puntana sostuvo que “desde la puesta en vigencia de [la Ley 26.80] hasta hoy fuimos testigos, con denuncias desde el Senado y desde la oposición, que existía una grave falta de transparencia y ausencia de participación democrática”.
Negre de Alonso destacó que en la reforma aprobada por Diputados el 1º de julio “se avanza en el equilibrio y representación de la segunda minoría” y aseguró que, tras la aprobación en general, la oposición propondrá una modificación en el artículo que señala la caducidad de los mandatos. Allegados a senadores anti-K habían adelantado a Diariojudicial.com la voluntad de que los 3 jueces, los 2 abogados y el académico electos entre agosto y octubre puedan desempeñar su cargo hasta 2014.
Terminada la alocución de Negre de Alonso, le llegó el turno al senador oficialista Nicolás Fernández (Santa Cruz) quien ofició de miembro informante por parte del FPV. Fernández, que hasta hace dos semanas fue vicepresidente del Consejo, dijo que el órgano “tiene un funcionamiento que debería ser destacado” y señaló que en el período 2006-2010 se modificó el sistema de acusación y disciplina (“antes era definido por la Corte y por el secretario general del Consejo, ahora es de acuerdo a la gravedad de la falta”, dijo), el sistema de selección (“con la publicidad de los exámenes”, agregó) y el sistema de contratación.
Fernández subrayó que con la actual integración de 13 consejeros “la ciudadanía participa en un 46 por ciento, sumando a los representantes del oficialismo y la oposición”. El santacruceño cargó contra la propuesta de Diputados que reduce ese porcentaje en detrimento de la ciudadanía y a favor de las “corporaciones”. El legislador pidió “poner blanco sobre negro” y les recordó a sus pares en el Senado que, durante la discusión en 2006, había acuerdo general en que el presidente de la Corte Suprema no presidiera el Consejo.
El presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, que trató la reforma al Consejo, insistió, tal como lo había planteado en una entrevista con DiarioJudicial.com que la oposición sólo quiere modificar la Ley 26.080 porque es una iniciativa de la Presidente y dijo que el oficialismo “jamás usó su poder de veto” y que se habla por “boca de ganso”.
En ese momento, la senadora Negre de Alonso le pidió al presidente del Senado, Julio Cobos, una interrupción y le solicitó a Fernández que aclare la expresión “boca de ganso”. El santacruceño dijo que se refería a algunos periodistas y miembros de la oposición pero no dio nombres. Aprovechó luego para cargar nuevamente contra las “corporaciones” y aseguró que los jueces en el Consejo no le permitieron a los políticos incorporar reformas en la selección para que, por ejemplo, “pesara más el estado en que [los candidatos] tienen su juzgado y no la cantidad de cursos” que completaron.
Luego intervino el flamante consejero Mario Cimadevilla, que dijo que había un problema dado que la Constitución no precisa la cantidad de integrantes que debe tener el Consejo. El senador por Chubut resaltó que en su provincia existen “representantes populares”, propuso mayorías especiales para la remoción de jueces y defendió el texto que viene de Diputados porque “garantizará un funcionamiento más ecuánime”.
Más contundente fue el senador Ernesto Sanz, consejero de la Magistratura hasta hace dos semanas, que si bien elogió a la Ley 26.080 “en muchos aspectos” dijo que “el derecho de veto [del oficialismo] no puede ser analizada en función de si se usó o no o si se usó bien o mal; el problema es que hay derecho de veto y se puede usar”.
“El veto se verificó en la práctica no en cuestiones expresas, sino que es mucho más perverso: funciona tácitamente”, subrayó Sanz y recordó lo dicho por el senador Rodolfo Terragno durante la discusión en 2005. El presidente de la UCR afirmó: “Un juez puede no juzgar ni investigar al poder porque sabe que al final del camino se necesitará a un oficialista para votar su acusación. Ese es el derecho de veto. Me voy a eximir de dar nombres porque la realidad es tan brutal…Todos sabemos de quien se habla”.
Sin embargo, Sanz dijo que hubiera preferido una ley “más sencilla y más simple”. Sostuvo que presentó, junto a la UCR, un proyecto de ley de 15 consejeros, incorporando un abogado y un académico. Añadió que persiste una “zona gris en relación con la administración de los fondos” entre la Corte y el Consejo.
Al ponderar el rol de la política, Sanz dijo que el actual presidente provisional del Consejo, el académico Manuel Urriza, es un hombre que “viene de la política” y contó que, tras su asunción el viernes 12, el abogado saludó a Antonio Cafiero, a quien definió como su “jefe político”. Asimismo, reconoció que tanto el abogado del Interior (Daniel Ostropolsky) como el la Capital Federal (Alejandro Fargosi) están cercanos al radicalismo. Y dijo que “estaría bueno que los jueces” sinceren sus identidades políticas porque “en la medida que todos tengamos que ver con la política las cosas van a estar mejor en el país”.
Luego de Sanz, llegó el turno de Miguel Angel Pichetto, quien dijo que la oposición debería haber trabajado para tratar este tema antes de las elecciones de los nuevos consejeros jueces y abogados.
Pichetto, en representación del oficialismo, lo calificó como un "debate tardío" . "Es un avance corporativo, si la Corte también preside el Consejo le estamos dando demasiado poder", consideró sobre la iniciativa con media sanción.