¿Citado por "venganza"?

El camarista federal de Mendoza Otilio Roque Romano presentó un escrito ante el Consejo de la Magistratura, que lo investiga por la presunta comisión de delitos mientras ocupó el cargo de fiscal entre 1975 y 1983, y pidió la revocatoria de la resolución 78 en la que se resolvió citarlo por el artículo 20 para el próximo 16 de diciembre. Asimismo, el magistrado aprovechó para pedir el archivo de la causa.

“La citación (…) –dijo Romano- ha pasado de ser una simple actitud intimidatoria a la concreción del avasallamiento de la investidura, el cargo y la función de un Magistrado de la Nación Ad-Hoc”. Y en una chicana que apuntó directo al Procurador General Esteban Righi afirmó que “no hay, por más que a Righi le parezca otra cosa, otro episodio de mayor gravedad institucional que éste”.

Romano tiene tres denuncias en su contra: la primera formulada por el ex preso en el D2 de Mendoza, Fernando Rule; la segunda hecha por el ministro de Gobierno de Mendoza, Mario Adaro; y la última presentado por la viuda del histórico abogado de derechos humanos de Mendoza Alfredo Guevara, Maria Angélica Escayola, que también denunció al renunciado camarista Luis Miret.

“Deseo destacar que esa acusación, única en el país, ha sido presentada luego de más de 30 años y, en mi entendimiento, exhibe una maliciosa construcción jurídica que la asemeja a una acción política de venganza, indigna de una genuina defensa de los derechos humanos, toda vez que para sostenerla se oculta que en esa época la justicia carecía de competencia funcional para actuar pues las fuerzas militares, policiales y penitenciarias estaban a disposición de la justicia militar”, lanzó el camarista y rememoró el texto de la ley 19.081.

Con el objetivo de “ilustrar cuáles eran las condiciones en que actuaban los funcionarios judiciales” en la época, Romano, en un escrito al que tuvo acceso este diario, citó declaraciones del ex fiscal del Juicio a las Juntas Julio Cesar Strassera y el juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni.

Romano recordó que Strassera le dijo a DiarioJudicial.com en marzo de 2006, a 30 años del golpe de Estado, que “la Justicia no podía hacer absolutamente nada. No tenía ningún poder en ese momento”.

El magistrado mendocino consideró que “el Consejo de la Magistratura carece de facultades para evaluar y controlar mi desempeño como funcionario del Ministerio Público” y en ese sentido destacó que recién ocupó su cargo de camarista en los ’90, con el acuerdo del Senado.

Romano chicaneó a los consejeros y dijo que la situación de parálisis de su expediente, a raíz del amparo que dictó el juez ad-hoc Carlos Parellada, los “agita”. “Felizmente para salvaguarda de las instituciones no serán los mismos consejeros los que resuelvan este entuerto”, les dedicó a los consejeros salientes que firmaron la resolución que pide su juicio político.

Sobre la relación que lo une con Parellada, Romano dijo que el juez ad-hoc que lo favoreció con su resolución fue secretario del juzgado federal de Mendoza entre 1976 y 1978 mientras él se desempeñó como fiscal ante el juzgado y aseguró: “Jamás tuvimos relación de dependencia funcional. Por el contrario, en muchas ocasiones, en representación del Estado Nacional actué como litigante en causas tramitadas en la Secretaria que el ocupaba”.

En ese sentido, recordó que en una causa por la venta de un banco, falló en contra del actor, que estaba representado por Perellada.

“El detrimento del derecho de defensa se produce porque quienes deciden no me han oído, ni me han permitido ofrecer y producir las pruebas que desvirtúan absolutamente, tanto la presunta sustracción a las facultades de control del Consejo de la Magistratura, como los alcances del ejercicio del derecho a la jurisdicción”, dijo Romano, convocado en reiteradas oportunidades por el órgano que selecciona y acusa a los magistrados.

El presidente de la Cámara Federal de Mendoza, agregó: “Nadie discute la estructura garantista de la audiencia del art. 20, pero para poder ser ella ordenada y celebrada, necesariamente el proceso debe atravesar las etapas anteriores, fundamentalmente la de los arts. 11(explicaciones, designación de defensor y ofrecimiento de pruebas), 12 (recusación), 14 (excusación), 15 (producción de pruebas) y, fundamentalmente, la etapa del art. 19 (…)”.

El camarista sostuvo que impugnó un artículo de la ley que regula el funcionamiento del Consejo que señala que absolutamente ninguna de sus decisiones “es revisable judicialmente”. “Esta interpretación repugna a la garantía del derecho humano elemental de acceso a la justicia”, concluyó.

En el plenario del Consejo que se celebrará este jueves, que elegirá a las autoridades del órgano, se tratará el “recurso de reposición” presentado por Romano.