En el auto de procesamiento del ex jefe policial Rubén Santos, que ayer publicó íntegramente DiarioJudicial.Com, la juez Servini concluyó que aquella decisión de desalojar la plaza y detener manifestantes fue “inoportuna” y constituyó el punto de largada de “una represión que luego no pudo detenerse”.
Sin embargo, la cinta mostraría que fue la juez la que autorizó el desalojo de la plaza. La conclusión provendría en particular de un pasaje de la grabación difundida, donde un operador de radio dice que una autoridad identificada como “C7” (sería el comisario René Derecho) “esta modulando de la comisaría segunda, quiere despejar la totalidad de la Plaza. Ahí esta indicando que se puede efectivizar, está con la juez en la comisaría”.
Lo cierto es que en Comodoro Py, la difusión de la grabación con su correspondiente interpretación no pareció inquietar a nadie. Desde el juzgado número 1, se indicó que la misma “no es materia de análisis”.
DiarioJudicial.Com pudo saber en fuentes de la causa que en el expediente ya figura una desgrabación de todas las comunicaciones policiales de aquella tarde negra. En la fiscalía federal 5 se adelantó que pidieron a Radio 10 una copia de la cinta, pero adelantaron que se trataría del mismo material que ya se valoró en la instrucción.
En la causa donde se investigan las cinco muertes producidas durante la represión del 20 de diciembre está pendiente la resolución de la situación procesal del ex secretario de Seguridad Interior, Enrique Mathov, detenido desde el viernes por orden la jueza Servini de Cubría; y se espera esta semana que la magistrada le ponga fecha a las anunciadas declaraciones indagatorias del ex presidente Fernando De la Rúa y el ex ministro del Interior, Ramón Mestre. Hasta ahora, Servini ordenó certificar los domicilios reales de ambos.
También desde el viernes está detenido un teniente coronel retirado, Jorge Varando, por su presunta responsabilidad en la muerte de Gustavo Benedetto. Ayer, Varando fue indagado nuevamente y admitió que en la tarde del 20 de diciembre último disparó con su pistola 9 milímetros desde una sucursal del Banco HSBC, aunque juró que sólo hizo “disparos al aire” para disuadir a un grupo de manifestantes que –intuyó- podían ingresar a la entidad.
Según registros del Centro de Estudios Legales y Sociales, Varando habría participado de la represión ilegal durante la última dictadura militar. Los familiares de Benedetto pidieron que a la juez Servini que investigue la composición societaria de la empresa de seguridad Catxys, encargada de la seguridad del HSBC. Además, los querellantes pidieron precisiones sobre el personal que trabaja en esa empresa, ya que presumen que Varando podría no ser el único agente de la compañía vinculado a la represión ilegal.
Según legislación vigente en la ciudad de Buenos Aires, las empresas de seguridad radicadas en el distrito no pueden incorporar personas que aparezcan en listados de represores durante la última dictadura.