El TOF Nº 2 de Córdoba sentenció a una mujer, su marido y su cuñado por actuar como “testaferros” o “prestanombres” de un grupo que se dedicaba al lavado de activos y tráfico de estupefacientes. Para el año próximo, se espera el juicio contra dos ciudadanos mexicanos por el mismo delito.
En un fallo inédito y que quedó firme, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de Córdoba condenó a dos hombres y una mujer por considerarlos responsables del delito de lavado de activos de origen delictivo (art. 278, apartado “a” del Código Penal, 45 y 55 del Código Penal). A los tres les impuso una pena de dos años de prisión en suspenso y los multó por 100 mil pesos.
Los condenados por lavado fueron María Eugenia Rodríguez (empleada), su marido Julio Guillermo Vallejo (desocupado) y el hermano de este, Gonzalo Maximiliano Vallejo (empleado). Rodríguez y los hermanos Vallejo fueron condenados junto con otras 7 personas en una causa que se inició por tráfico de estupefacientes.
Los jueces Carlos Julio Lascano, José María Pérez Villalobo y José Vicente Muscará consideraron que Rodríguez y los hermanos Vallejo -que eran parientes de la esposa de Jorge “Gallo” Altamira, sindicado como autor responsable del delito de transporte de estupefacientes en concurso real con integrante de una asociación ilícita en carácter de jefe- “actuaban como ‘testaferros’ o ‘prestanombres’ de Altamira y Magalí Vallejo, “adquiriendo y transfiriendo vehículos, bienes muebles e inmuebles y fondo de comercio, con dinero que proporcionaban los nombrados producto de la actividad de venta ilegal de drogas, ingresando de esta forma al circuito legal, dinero obtenido de manera espúrea”.
Los jueces resaltaron que tanto Rodríguez como su marido y su cuñado tenían un bajo nivel de ingresos y procedían de sectores económicos carenciados. En ese sentido, los magistrados alertaron que Rodríguez aparecía como “titular registral” de un vehículo New Beetle, modelo 2007, cuyo valor asciende a 89 mil pesos y como dueña del restaurante “Como en familia”, adquirido por 50 mil pesos. Así, postularon que a los fondos obtenidos mediante la venta de estupefacientes se les “otorgaba apariencia” de legalidad mediante la compra de activos tales como vehículos o restaurantes.
En la misma sentencia, se condenó a Altamira y a Jorge Luis Capitanelli a cinco años de prisión como autores responsables del delito de comercialización de estupefacientes en concurso real con tenencia de estupefacientes con fines de comercialización) Cuatro años de prisión merecieron Vicente Luis Fernández y María Dolores del Valle Suárez, ambos autores responsable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y en el caso de Del Valle Suaréz, también como integrante de una asociación ilícita. La misma pena recibió Pablo Javier Albornoz, al que los jueces señalaron como autor del delito de almacenamiento de estupefacientes, tenencia de elementos destinados a la producción y fabricación de estupefacientes y tenencia de estupefacientes, todo en concurso real.
En tanto, Magalí Macarena Vallejo y Leonardo Gabriel Avila fueron condenados a tres años de prisión en suspenso. En el caso de la esposa de Altamira, se la sindicó como autora responsable del delito de infracción al art. 31 inc. “c” ley 22.362 en concurso real con integrante de una asociación ilícita. En el caso de Avila, el tribunal lo encontró responsable del delito de integrante de una asociación ilícita.
Los jueces Lascano, Villalobo (ambos condenaron, en diciembre último, a Jorge Rafael Videla a cadena perpetua por los delitos de lesa humanidad cometidos en Córdoba durante la dictadura) y Muscará ordenaron la destrucción del material estupefaciente incautado, el decomiso de un auto y una camioneta, de la mesa de pool y del fondo de comercio del restaurante “Como en Familia” y de otros elementos tales como autos, balanzas, dinero y mercadería.
Desde la Unidad de Información Financiera (UIF) indicaron que el fiscal de Cámara Carlos Gonella, que intervino en la causa, afirmó que no existen vías posibles de apelación de la sentencia. El único antecedente de un caso por lavado que llegó a juicio terminó por otorgarle al imputado Osvaldo Altuna (un comerciante de La Pampa) el beneficio de la probation.
A su vez, desde la UIF informaron que en 2011 el Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 2 enjuiciará por lavado de activos a los ciudadanos mexicanos Luz Acosta Aguilera y Francisco Guzmán Ramírez. Desde la entidad que encabeza José Sbattella confiaron en que, en el próximo año, la Fiscalía Federal de Orán requiera la elevación a juicio de la causa por blanqueo de fondos del narcotráfico en la que fueron procesados, entre otros, el ex legislador Ernesto Aparicio y los hermanos Raúl y Reinaldo Castedo.