José Sbattella. Titular de la UIF
El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella, cargó contra aquellos que frenan la legislación sobre lavado de dinero con argumentos de que vulneran “garantías constitucionales”. De hablar pausado, el economista que llegó a su cargo en el mes de febrero en reemplazo de Rosa Falduto, recibió a DiarioJudicial.com en sus oficinas de Carlos Pellegrini al 200. Confió en que durante este período parlamentario se apruebe la ley que impulsó el Ejecutivo para que el lavado de dinero sea penado con prisión sin necesidad de determinar un “delito precedente” y cuestionó el planteo de la Coalición Cívica para que la UIF sea controlada por el Congreso, algo que calificó de “absurdo”. Elogió a la Presidente y también expuso acerca de su relación con el ministro de Justicia, Julio Alak. El funcionario, que ya estuvo al frente de la Aduana y de la Comisión de Defensa de la Competencia, cuestionó la importante evasión impositiva que aún se da en el país.
Si tuviera que definir cuál es la principal fuente de lavado de dinero en la Argentina, ¿Cuál sería?
La verdad es que ni el narcotráfico ni el tráfico de armas ni la prostitución de menores ni las estafas y delitos contra el Estado son tan importantes como la evasión impositiva que no está en la ley. Pero por los cálculos que hizo la CEPAL y la propia AFIP nos dan una estimación de 90 mil millones de pesos. En el mundo, el impuesto a las ganancias es a las personas, en la Argentina mayoritariamente proviene de las empresas y con ese argumento, se dice que no debería haber doble imposición, y le bajan a las personas. Y no hay tanta voluntad de encontrar las ganancias de las personas y así aparecen empresarios ricos y empresas pobres o quebradas. A nivel internacional, la estimación de dinero ilícito es el 5 por ciento del PBI de cada país, en Argentina con un PBI de 330 mil millones de dólares serían entre 15 mil millones y si uno analiza la fuga de capitales, esa fuga engloba parte de dinero ilícito y de actividades normales que Argentina va a atesorar.
A principios de año, el Gobierno envió al Congreso un proyecto de ley para que, entre otras cosas, el lavado de dinero sea penado con prisión “sin necesidad de determinar un delito previo”. ¿Por qué se presentó esa iniciativa y qué posibilidades ve de que se sancione la ley?
Lo que pide el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es que sea autónomo el delito de lavado, esta es la presión internacional y acá se resiste con argumentos de garantías constitucionales pero… el árbol no deja ver el bosque. El bosque son los grandes delitos que tienen abogados poderosos. Tenemos las figuras internacionales que se están usando: la ley de lavado de dinero (hace 10 años), la actualización por la financiación del terrorismo y la estructura de la UIF. Hasta ahí veníamos bien. Pero con la crisis internacional, el GAFI tomó conciencia de que en el mundo es un problema serio lo que sucede con el dinero y pidió “efectividad conducente” en la aplicación de la ley y en las estructuras y ahí, en las auditorías, empezó a pedir cantidad de condenas con la ley y cantidad de delitos ligados a lo administrativo, la prevención, que incluye la posibilidad de inspecciones in situ. Por ejemplo, al Banco Galicia, le pusimos una multa y apeló pero no es una multa porque sean lavadores sino por el deber de informar. Los bancos en general pusieron el grito en el cielo. Acá falta acostumbrarse a la implementación de la ley. Nosotros buscamos con el proyecto de ley que se ponga como delito precedente la evasión tributaria y aduanera. Estamos tratando de que en la Comisión de Legislación Penal [de la Cámara de Diputados] se discuta esto como un problema de Estado, algo que cuesta en este momento de polarización política. Pero en realidad trasciende esta administración porque tener una mala calificación en el GAFI repercute con las operaciones bancarias y la financiación que se pueda hacer desde y hacia Argentina. Creemos que las figuras de la ley deberían salir por consenso. La intención es que pueda ser debatido en este período parlamentario. El proyecto que se está analizando lo presentó la Coalición Cívica y podemos discutir toda la ley menos una parte que es casi absurda y que no pasa en ningún lugar del mundo y es que la UIF dependa del Poder Legislativo, eso no sería constitucional y además, en el derecho comparado, no hay UIF’s que dependan del Congreso. Cuando no funcionaba estaba todo bien y resulta que cuando empezó a funcionar [la UIF] y dijimos que íbamos a querellar en las causas de lavado, un sector de la Comisión de Finanzas se ofuscó por las querellas y nos llegó a decir que nos metíamos con la actividad privada, y la realidad es que estamos para eso, si bien hay delitos contra el Estado. Estamos en 73 causas colaborando con juzgados y 5 nos tiene como querellantes o solicitando la querella. Tanto en la causa de la efedrina como en la causa por medicamentos falsos se está investigando el lavado por separado.
¿Cómo es la intervención de la UIF en la causa por medicamentos?
El primer trabajo es diferenciar entre quienes cometieron el delito precedente y los que son encubridores. Sobre ellos estamos pidiendo el decomiso de los bienes. [N. de la R: consultado, Sbattella no quiso adelantar nombres pero aseguró: “estamos cerca”]. El problema en estas causas es que como son asociaciones ilícitas mezcladas, en algunas se comete el delito precedente y en otras son lavadores de la plata de otros que cometieron otro delito como ser la falsificación de documento y la estafa al Estado mezclada con lavado de dinero. Unos son lavadores de dinero (encubridores) otros son los que cometen el delito precedente y lavan el dinero de un tercero y separar las cosas cuesta bastante.
A mediados de julio se hizo la primera inspección “in situ” en una agencia de remesas, ¿Estas constituyen un objetivo de la UIF?
Las remesadoras quedaron fuera de la regulación. Antes dependían del Correo, pero al privatizarse desapareció la regulación, la secretaria de Comunicaciones no se hizo cargo de los remesadoras y éstas pasaron a demandar regulación. El Banco Central no las controla y las casas de cambio no están autorizadas a enviar dinero, entonces las remesadoras quedaron como una actividad libre y eso las perjudica a nivel internacional. La ley las incluye como sectores obligados. Las más grandes tienen códigos oficiales de cumplimiento y lo que también pasa es que para los que tienen ese nivel de cumplimiento es dañoso que haya otros que no tengan nada que cumplir. Como estaban las cosas era fácil sacar dinero por remesadoras. La aparición de la UIF pone en regla algo que venía sin supervisión.
¿Y además de las remesadoras, cuáles son los otros objetivos de la UIF?
Hoy estuvimos en una transportadora de caudales. Desde el año pasado hay una reglamentación y las transportadora de caudales están más controladas por sistemas de seguridad pero eso no incluye el análisis de riesgo. Otro sector que es importante que son los juegos de azar, que no tiene que ver tanto con la fiscalización de la empresa sino con lo que están obligadan a informarnos cuáles son los montos de los premios de los que ganaron más de 10 mil pesos.
En el mes de julio se informó que por primera vez un tribunal (el Tribunal Oral en lo Penal Económico 2) juzgará a dos personas por la ley 25.246. ¿Cuál es la trascendencia de que en Argentina se esté haciendo este juicio?
Si bien hubo un juicio anterior, éste quedó trunco porque se concedió una probation, aunque allí estuvo todo el procedimiento sobre cómo delimitar la aparición de la figura del lavado. [N de la R: El juicio actual tiene como imputados a un hombre y una mujer de nacionalidad mexicana, que en 2005 ingresaron al país con 618 mil dólares escondidos. En primera instancia fueron procesados por infracción a los artículos 863, 864 y 871 de la Ley 22.415 (Código Aduanero), pero el fallo fue revocado por la sala B de la Cámara en lo Penal Económico, que entendió que correspondía profundizar la investigación en orden a la posible comisión de otro delito: el lavado de activos de origen delictivo, tipificado en la ley 25.246]. La Cámara dijo que no era necesario demostrar el delito precedente para poder imputarlos por lavado. Este fallo estaría sentando jurisprudencia para lo que quiere poner la ley, que está en discusión porque cada vez que se quiere legislar contra el lavado hay una fuerte presión de sectores que de alguna manera, con un fundamento ligado a las garantías constitucionales y a que no se puede juzgar dos veces a una persona por un mismo delito, argumentan que eso no sería posible. Es más fácil encontrar la ruta que sigue el dinero que encontrar el delito precedente, por lo tanto si hay que mirar el delito precedente, normalmente esto llega a la prescripción y no se termina de consolidar ninguna causa por lavado. Con la ley de lavado se puede decomisar los fondos que hayan generado en la primera etapa o cuando ya están lavados, casi lícitos. En las otras causas, el decomiso se pierde y con el tiempo mucho más. Porque si no el dinero queda en manos de familias y aparecen estos ladrones ricos en pueblos pobres. Los lobbistas más importantes contra el lavado son grandes abogados de grandes delincuentes.
¿Cuál es su opinión sobre la idea de gravar la renta financiera?
Estoy a favor de que se regule como servicio público, no debería haber salido de eso porque está visto como funcionó el sistema de valorización financiera que se implementó desde que José Alfredo Martínez de Hoz fue ministro, cambió la estructura de prioridades económicas, destruyó el sistema de producción industrial, generó una forma de vida ligada a especulación que implosionó con la caída de la convertibilidad pero que está latente. No es casual que nosotros pensemos continuamente en dos monedas: ganamos en pesos pero acumulamos en dólares.
¿Cómo es su relación con el ministro de Justicia Julio Alak?
La relación es buena, nos conocemos desde la vuelta de la democracia. Nos hemos encontrado varias veces, en algunas tuvimos opiniones coincidentes y en otras no. Pero se trabaja tranquilo. Hace tiempo que no teníamos una decisión política como lo que pasó desde que la Presidente me convocó, hubo libertad para elegir a los colaboradores. Nosotros pudimos poner la primera multa a los 15 días porque trabajamos con libertad desde antes de asumir, cuando estábamos propuestos.