Asimismo, la magistrada dictó el procesamiento como partícipes necesarios de los mismos delitos aunque sin prisión preventiva del contador de BGN Adrián Couce y Rufino Basavilbaso, el apoderado de la Compañía General de Negocios con sede en Uruguay. Para ambos ordenó un embargo de 50 millones de pesos. Además, Servini ordenó una veintena de declaraciones indagatorias de funcionarios y directivos del BGN.
La causa se inició a partir de una denuncia efectuada el día 31 de diciembre de 2001, por la Diputada Nacional Marcela Virginia Rodríguez a raíz de la “utilización de bancos off shore, cuentas negras y sociedades off shore, entre otras cosas, para sacar dinero del país durante la vigencia de lo que se ha dado en llamar el corralito. Se estima que durante los tres meses posteriores al corralito se fugaron más de diecisiete mil millones de dólares, en abierta violación a las prohibiciones vigentes”.
En la extensa resolución, de más de 120 páginas, Servini indicó que los actos imputados a Rohm, son “un escalón más de las maniobras” de lavado de dinero y fuga de divisas que “se vienen llevando a cabo en el país durante los últimos diez años”.