La Cámara Federal convalidó el uso de las imágenes provenientes de dipositivos de vigilancia para las investigaciones en torno a los delitos de narcotráfico. Lo hizo en el marco de una causa en la que confirmó el procesamiento por “tráfico de estupefacientes” con pruebas de este tipo
Jorge Ballesteros y Eduardo Freiler, integrantes de la Sala I de la Cámara Federal, confirmaron el procesamiento de cuatro personas por “tráfico de estupefacientes”. La causa se había iniciado producto de las grabaciones de las cámaras de seguridad dispuestas por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en las zonas aledañas de la Villa 31.
Se trata de la causa “Rivarola, De Los Santos y otros s/procesamiento y prisión preventiva”, donde los imputados presentaron apelación ante la resolución de la jueza de primera instancia que decidió procesarlos con prisión preventiva.
Entre los argumentos de la defensa se encontraba el hecho de que “las fotografías y filmaciones obtenidas no eran lo suficientemente claras” ya que “ningún acto de comercio había podido ser acreditado de forma directa”.
Por su parte los camaristas explicaron que “las distintas averiguaciones practicadas por el personal policial, que fueron instrumentadas en filmaciones, fotografías e informes, dieron cuenta, entre otras cosas, de una sucesión de actos de intercambio que resultaban compatibles con la referida actividad ilícita”.
En este sentido motivó a que el instructor de la causa disponga “el allanamiento de las fincas, medida que arrojó como resultado el secuestro de material estupefaciente en cada una de ellas, específicamente marihuana”, lo que vino a “reforzar la hipótesis de investigación inicial”.
Así, el tribunal ratificó los procesamientos de los cuatro acusados por comercialización de estupefacientes, de otros dos por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y dispuso la falta de mérito para otro de los señalados en la investigación.
La utilización de las cámaras de seguridad, un debate
En octubre de este año, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires sugirió a las autoridades porteñas diversas cuestiones a tener en cuenta en cuanto a la utilización e instalación de videocámaras en diversos puntos de la Ciudad.
Entre las sugerencias, se explicó que las imágenes grabadas sólo pueden ser utilizadas tal como dispone la ley, es decir, “en una situación concreta, para asegurar la convivencia ciudadana, la utilización pacífica de las vías y espacios públicos, la elaboración de políticas públicas de planificación urbana, así como para la prevención de faltas e infracciones relacionadas con la seguridad pública”.
“No pueden ser cedidas a funcionarios no autorizados, terceros y tampoco retransmitidas por canales de televisión”, explicaron desde ese organismo público.