Lo dice el presidente de la Cámara en lo Penal Económico, Edmundo Hendler. El magistrado intuye que, con la aplicación de la herramienta procesal prevista en la Constitución, se podría empezar a lograr que abogados y jueces hablen en el “lenguaje cotidiano” de la gente. Además enfatizó en la relación que debe haber entre los jueces profesionales y los jurados y rescató la experiencia cordobesa, donde el juicio por jurados está vigente desde hace 6 años.
Si bien la Constitución prevé, desde su redacción original, el juicio por jurados, a más de 150 años de la Carta Magna de 1853 y 17 años después de la última reforma constitucional, en la Argentina aún no está en uso esa herramienta, con excepción de la provincia de Córdoba. En diálogo con DiarioJudicial.com, el presidente de la Cámara en lo Penal Económico Edmundo Hendler, consideró que el incumplimiento de los legisladores con la Constitución -al no sancionar una ley que regule el juicio por jurados- “a lo mejor tiene que ver con una idiosincrasia propia de los argentinos”.
Hendler, que recibió a este diario en su despacho del tercer piso de los tribunales de Inmigrantes durante la feria judicial, consideró que podría haber algún parentesco entre la “modalidad cultural argentina de desobedecer las leyes” y el incumplimiento por parte de diputados y senadores con la falta reglamentación de la manda constitucional, artículos 24 y 75 inciso 12 y 118.
Consultado en relación con los beneficios que podría traer la aplicación del juicio por jurados, el titular del fuero Penal Económico dijo: “Si bien hay muchos, a mí me conmueve especialmente uno y es lograr que los abogados y los jueces [entre los que se incluyó] empecemos a hablar en el lenguaje cotidiano que habla la gente y dejemos de hacer esas resoluciones ilustradísimas, llenas de vocablos que nadie entiende y que muchas veces son pésimas traducciones del idioma alemán”.
“La necesidad de transmitir a los ciudadanos que no tienen una preparación jurídica especial las razones para resolver un caso de una u otra manera obliga a los hombres de derecho a expresarse en el lenguaje cotidiano. Esta sola ventaja me resulta tan importante, tan trascendente, que aunque más no fuera para lograr ese solo resultado, sería muy bueno que se estableciera”, completó el camarista.
Aunque aún no vieron la luz, tanto en el Senado como en Diputados duermen proyectos para establecer el juicio por jurados. En la Cámara Baja comenzó, a fines de 2010, a tratarse la reforma al Código Procesal Penal que prevé, entre otras cosas, implementar el juicio por jurados. En tanto, en el Senado y mientras fue legisladora, la Presidente Cristina Fernández de Kirchner presentó un proyecto en ese sentido que fue reproducido el año pasado por el senador Nicolás Fernández, titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Hendler calificó a la iniciativa de la entonces senadora y actual primera mandataria como “muy buena” y ponderó que aquella propuesta –a la que tuvo acceso- “le dedicaba una prolija reglamentación a la necesidad que los jueces profesionales impartan instrucciones al jurado”. El magistrado dijo que el contacto entre ambos es “de mucha trascendencia” porque, a partir de los señalamientos, se elaborará una resolución fundada que habilitará luego a las instancias superiores a, eventualmente, revisar la sentencia.
En la actualidad, la única provincia argentina que cuenta con el mecanismo de juicio por jurados es Córdoba, donde rige la ley 9182 desde el 1° de enero de 2005. Consultado acerca de la experiencia mediterránea, Hendler contó que apenas fue puesta en vigencia la norma fue invitado a la provincia a dar una serie de charlas y, tras varias reuniones con funcionarios judiciales, advirtió que había una “resistencia sorda” a la ley. “Había mala onda”, completó.
Al poco tiempo, corroboró esa impresión con la lectura de un editorial en el diario cordobés La Voz del Interior. Pero un año después y luego del desarrollo de dos juicios por jurados, el matutino publicó un nuevo artículo que se refería a las “dudas y certezas” respecto de la modalidad. Y a dos años de la puesta en marcha de la ley, el presidente de la Cámara en lo Penal Económico notó que “el cambio era de 180 grados”. “Todos se referían a las bondades del sistema”, aseguró y recordó dos notas firmadas: la primera por un fiscal y la segunda por el entonces presidente del Superior Tribunal de Justicia de Córdoba, Armando Andruet.
Hendler, que es profesor titular de la materia Elementos de Derecho Penal y Procesal Penal en la Facultad de Derecho de la UBA, rescató que el juicio por jurados en la provincia de Córdoba “está funcionado” y alertó que “siempre habrá algún detractor, pero [con la puesta en marcha] se desvirtúa el viejo argumento, repetido hasta el cansancio, de que la población argentina no está suficiente madura” para ser jurado.
“El temor que a lo mejor, sin querer confesarlo, algunos jueces sienten de que su rol va a quedar desplazado por la presencia del jurado no solamente es erróneo sino que ocurre todo lo contrario: la participación de la ciudadanía en las decisiones que adoptan los tribunales le da mayor trascendencia, las hace más confiables y les da mayor autoridad”, concluyó el camarista.