El fiscal general porteño, Germán Garavano, apuntó directo a la necesidad de una reforma del Código Procesal Penal. En diálogo con DiarioJudicial.com sostuvo que el sistema federal “no respeta las garantías procesales básicas” ya que el juez “hace todo”. Resaltó también lo vital que es transferir competencias a la Ciudad.
Recién se han dado los primeros pasos en el Congreso nacional en lo que sería una reforma del Código Procesal Penal de la Nación. Algunas audiencias públicas ya se realizaron el año pasado en el marco de la comisión de Legislación Penal, cuyo titular es Juan Carlo Vega (CC), y que marcaron un comienzo.
Germán Garavano, fiscal general de la Ciudad, recibió a DiarioJudicial.com en la sede central del Ministerio Público Fiscal porteño, a pasos del lugar en donde debe decidirse tal reforma: el Congreso de la Nación.
Ex vicepresidente y miembro del Consejo Directivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), elegido por la Asamblea General de la OEA, no dudó un segundo en afirmar: “Nos llenamos la boca hablando de garantías y tenemos un sistema que no funciona sobre esos parámetros: el juez es juez, es parte porque es el que lleva adelante la investigación, es el que decide las excarcelaciones, ordena las detenciones, hace todo”.
“Es un modelo medieval de lo más retrogrado y seguimos sosteniendo ese sistema” sostuvo el fiscal, y agregó que “es intolerable en términos de derechos humanos un sistema inquisitivo”.
Dio el ejemplo de lo que sucede actualmente en la Justicia porteña, ya que se genera un “contrasentido” porque “muchas veces la defensa pública defiende a sus asistidos intentando que las causas sean declaradas incompetentes y sean enviadas a nación, donde es un sistema que no respeta las garantías procesales básicas”.
Asimismo valoró el funcionamiento a nivel local del Código Procesal Penal. “Han venido fiscales y jueces de todo el país y de toda la región para ver cómo está funcionando en toda la Ciudad de Buenos Aires. Hoy es identificado como un sistema de Justicia modelo para el país y la región. Lo razonable es que ese sistema modelo fuera el federal”, dijo.
Las declaraciones de Garavano se enmarcan en lo que considera los dos desafíos del gobierno nacional en materia de Justicia. Uno, la reforma procesal penal, y otro, el traspaso de una parte de la Justicia a la Ciudad.
Con respecto al segundo tema, el fiscal general sostuvo que “la flamante ministra de Seguridad debería avanzar en traspasar determinadas áreas de la Policía Federal hacia la Policía Metropolitana, así como el mismo Congreso de la Nación debería avanzar en traspasar Justicia materialmente a la Ciudad”.
“Es insostenible en el mediano plazo esta situación de una Ciudad con dos cabezas que gobiernan sobre el mismo territorio. Creo que la Ciudad es autónoma y hay que ser respetuoso de la Constitución Nacional y de la Constitución local”, sentenció.
También, como ex integrante del Consejo de la Magistratura porteño entre 2004 y 2006 (elegido por voto directo de jueces, fiscales y defensores), Garavano sostuvo la necesidad de que el organismo avance en los concursos. En materia penal existe una “urgencia”, precisó. “Cuando llegué a la fiscalía se tramitaban 30 mil expedientes al año, hoy tramita casi 70 mil y todo eso se hace con la misma cantidad de fiscales”, dijo.
En tanto, explicó que en el fuero Contencioso Administrativo “más allá de lo que sale en los medios por medidas muy particulares, el grueso de la carga de trabajo tiene que ver con ejecuciones fiscales”. Para el fiscal general, el Consejo debe “rediseñar” el fuero “de modo que todo lo que son ejecuciones fiscales puedan tramitarse sin entorpecer el resto de los casos que a veces son ejercicio de derechos constitucionales que son mucho más sensibles que las ejecuciones fiscales”. “Hoy es todo muy dispar y desordenado”, finalizó.