El Fiscal General de la Ciudad de Buenos Aires, Germán Garavano recibió a DiarioJudicial.com en el edificio que el organismo posee a metros del Parlamento Nacional. Durante el diálogo expresó su opinión sobre los cortes de calles en la Ciudad y como considera “falaz” el hecho de que “un derecho impide la práctica de otro derecho”. “Son veinte personas, y el ejercicio del derecho afecta a un carril y no a toda la avenida”, agregó. Tampoco quedó afuera el reclamo histórico por la transferencia de competencias a la Ciudad y el Cuerpo de Investigaciones Judiciales.
¿Cuáles son las perspectivas para 2011 desde el Ministerio Público Fiscal?
Nuestros tres grandes objetivos tienen que ver con fortalecer y consolidar el Acceso a Justicia de la población; la investigación y gestión de las fiscalías -como hacer que las fiscalías puedan llevar los casos en tiempos oportunos y con éxito- y la transparencia, en la organización y la gestión administrativa. El 2011, después de muchos cambios que hemos logrado hacer en estos tres años, lo veo como un año de consolidación de esos procesos. En materia de acceso a Justicia, por ejemplo, luego de haber instalado oficinas del Ministerio Público en diferentes comunas de la Ciudad e incluso haber instalado oficinas móviles en algunas villas de la ciudad, vamos a avanzar sobre los precintos de la Policía Metropolitana. Se ha hecho un acuerdo inédito, donde nos van a permitir que en los precintos haya una pequeña fiscalía que tome las denuncias. Lo cual en términos de seguridad democrática y garantías, tanto para víctimas como para imputados, es un hecho inédito que se da en muy pocos países de la región, y en el país no se había producido hasta ahora. También, consolidar todo lo que es el trabajo en la zona sur de la Ciudad, que lamentablemente lo que fue todo nuestro trabajo previo que establecía que era la zona más conflictiva y que más necesitaba la presencia del Estado, se vio corroborado por todos estos hechos trágicos que todos conocemos.
Ya que lo menciona, ¿cómo analiza el accionar de los fiscales porteños en el conflicto por la toma del Indoamericano?
El rol de la Fiscalía de algún modo esta lejos de los hechos, o de lo que fueron los hechos tal cual, la labor del fiscal es más que nada una labor jurídica. Le toco intervenir a un fiscal, el Dr. Longobardi, frente al primer hecho, en la solicitud que le hace el a la jueza para desocupar el predio, y después son las órdenes que la jueza le da directamente las fuerzas de seguridad y que luego se ejecutan. Yo creo que el actuar inicial de la Justicia fue muy bueno y adecuado, pero lamentablemente esto no fue bien ejecutado. Se generaron situaciones trágicas y muy sospechosas, que están siendo investigadas, y motivó un resultado muy lejos de lo que hubiese sido el resultado deseado. Lo que generó algún temor en la misma jueza que intervino, y en otros jueces más, y paralizó determinadas medidas o disposiciones que se deberían haber dispuesto en relación a toda esa zona que no es sólo la toma del Parque Indoamericano, sino otras tomas.
¿Cómo debe actuar en casos de usurpación un fiscal?
Depende de las características del caso. Nosotros, antes de que se transfiera el delito de usurpación, como sabemos que es una problemática que en algunos casos engloba dos derechos, el derecho a la vivienda y el derecho a propiedad, establecimos un protocolo. Lo que pasa es que básicamente está orientado a usurpaciones de buena fe, en el sentido de que no hay conspiraciones o situaciones extrañas que excedan realmente a un grupo de personas, que de pronto decidieron ir a un lugar, a lo mejor cometiendo un delito, pero como una cuestión más espontánea para realizar un derecho. Ese es el marco de actuación de este protocolo. Y cuando no son situaciones flagrantes, cuando ya hay familias instaladas en un lugar pero se instalaron de un modo natural y espontáneo. Este protocolo prevé la intervención de toda una serie de órganos de gobierno, una instancia de mediación, y recién ahí el fiscal le solicita al juez llegado el caso, la restitución del inmueble a su propietario. La realidad es que este protocolo funcionó de un modo muy bien valorado por el Tribunal Superior de Justicia en numerosos pronunciamientos, por la misma Cámara, los jueces, la defensa y la Asesoría Tutelar, donde todos reclamaban la aplicación de este protocolo aún en estos hechos. Lo que hay que tener en cuenta es que este protocolo se usa para este tipo de casos, y se hace más difícil poder aplicarlo en un caso donde estamos frente a una toma planificada o programada donde hay una organización detrás que esta muchas veces lucrando. Asimismo no se usa en casos de flagrancia, ya que se supone que las fuerzas de seguridad deben impedir que el delito se siga cometiendo. En usurpaciones normales, los pedidos de desalojo que se tuvieron que hacer con órdenes judiciales han sido muy bajos, porque en casi todos los casos se lograron salidas anticipadas de un modo razonable o pacífico.
¿Cuánto puede llegar a influir el traspaso íntegro de las competencias a la Ciudad, si es que existen delitos derivados que no se encuentran traspasados?
Yo creo que es clave. Hay un proyecto de ley que tiene media sanción del Senado que transfiere mayores delitos a la Ciudad de Buenos Aires y que a partir de todas estas experiencias, debe ser tratado con carácter de urgente. A la luz de todos estos hechos, la flamante ministra de Seguridad (N.de R.: Nilda Garré) debería avanzar en traspasar determinadas áreas de la Policía Federal hacia la Policía Metropolitana, así como, el mismo Congreso de la Nación debería avanzar en traspasar Justicia materialmente a la Ciudad. La falta de coordinación, los conflictos políticos que se suceden en este tipo de circunstancias llevan a la reflexión de que es insostenible en el mediano plazo esta situación de una Ciudad con dos cabezas que gobiernan sobre el mismo territorio. Creo que la Ciudad es autónoma y hay que ser respetuoso de la Constitución Nacional y de la Constitución local y que esto debería llevar a que el nuevo gobierno nacional, si no es este en su final de mandato, aunque pueda ser reelegida, pero creo que en la agenda de cualquiera sea el gobierno nacional debería estar el traspaso, ya mucho más amplio, de la Justicia y de sectores más significativos de la Policía Federal.
¿Cuál es el papel del Cuerpo de Investigaciones Judiciales?
El Cuerpo de Investigaciones Judiciales tiene que ser puesto en funciones de modo progresivo de acuerdo con el traspaso de competencias, y por concurso público la designación de sus integrantes. Hoy es un cuerpo muy chico, de 40 personas, que se han focalizado en los delitos que son competencia local, especialmente todo lo que tiene que ver con portación y tenencia de armas, hay un perito balística con una médica, que es psiquiatra, que nos ayuda en los casos de amenazas y violencia doméstica. Hoy la mayor cantidad de casos derivados por la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema, son derivados al Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy el principal delito que estamos investigando es el delito de amenazas. Es un cuerpo muy chico, muy profesionalizado, y en todas las investigaciones que ha intervenido, siempre por órdenes de los fiscales, lo ha hecho con singular éxito. Numerosas provincias, como Salta y Tierra del Fuego, han pedido la colaboración de este cuerpo para armar sus propios cuerpos de investigaciones judiciales. Lo que hace este cuerpo es llevar adelante investigaciones que le piden los propios fiscales y coordinar con organismos gubernamentales y fuerzas de seguridad. Es un cuerpo que no está armado, es un cuerpo civil, y desde ese lugar coordina con las fuerzas de seguridad y con organismos locales y nacionales cada tipo de operativo. Ha tenido participación en algunos casos vinculados a infracciones ambientales, y también en el tema de trata de personas, que se empezaron a hacer investigaciones por exceso en habilitaciones, y luego se determinó que había trata de personas y esclavitud laboral dándose intervención al fuero federal, pero ya con las personas detenidas y liberadas las personas sometidas.
Cuando asumió en 2007 usted dijo que “había que tratar de volver a tener reglas”. Tres años después ¿qué piensa?
Yo creo que sigue siendo el gran desafío, en esa nota también decía que era un proceso cultural y largo. Creo que hay signos muy alentadores. Un gran ejemplo de eso tiene que ver con lo que ha ocurrido con la conducción riesgosa bajo los efectos del alcohol y las drogas. Fue una política pública que se articuló desde el Poder Ejecutivo, con una actuación muy fuerte de los fiscales y las fuerzas de seguridad, y creo que se lograron resultados muy valiosos en términos de la reducción de accidentes, de procesos y un cambio de mentalidad y cultura de la gente. Lamentablemente como contratara de eso, mucho más visible, seguimos como tarea pendiente todo lo que tiene que ver con el respeto de reglas del espacio público, que tiene como máxima expresión ese viernes trágico en el parque Indoamericano, pero que tiene el día a día de los vecinos y los visitantes de la Ciudad que ven como se sigue sin respetar las reglas, sin respetar las leyes, en la Ciudad. Creo que implica una necesidad de coordinación entre el gobierno nacional y el local, pero a mediano plazo implica la necesidad de poder transferir todas estas responsabilidades al gobierno de la Ciudad, sea del color político que sea. Aún en regimenes federales como EEUU, Washington tiene su propia fuerza de seguridad, las comunidades autónomas de Madrid tienen sus propias fuerzas de seguridad, el DF tiene su propia lógica y Bogota también. En la ciudad de Buenos Aires se da esta situación tan particular que genera en alguna medida, esta falta de reglas en todo lo que tiene que ver con el espacio público, con un ingrediente realmente político. La falta de apego a la ley es lo que genera situaciones que terminan en desborde y hechos de violencia, y eso es lo que en definitiva la gente, junto con los robos y demás, es lo que le trasmite la sensación de que cada uno puede hacer lo que quiera, que se puede violar la ley sin ningún tipo de consecuencias. Y no sólo los cortes de calle, sino el abuso del espacio publico desde las ventas ambulantes de cuando exceden la mera subsistencia, hay un no respeto del espacio público. Uno ve esa falta de respeto al prójimo, de cuidado, de llegar hasta esos abusos. Cortes sin importarles las consecuencias. Uno entiende, yo tengo pronunciamientos de cuando era juez, el respeto de los derechos constitucionales y demás. Pero uno ve que los operativos policiales, o que algunos cortes, están prácticamente diseñados para molestar y no para ejercer un derecho. Son veinte personas, y el ejercicio del derecho afecta a un carril y no a toda la avenida. Hay un criterio de actuación que yo he mantenido, del doctor Mandalunis. Creo que es falaz que un derecho impide la práctica de otro derecho, salvo cuando hay mala fe, sino es muy sencillo. Hay experiencias positivas con grandes organizaciones gremiales, donde fueron sometidos a proceso los líderes que habían tomado estas decisiones de hacer cortes deliberadamente y perjudicar más allá de sus derechos, y en muchos de estos casos se llegaron a probation.
¿Cómo incide en la Justicia los nuevos cargos generados por la modificación de la Ley 7?
Hoy vemos una urgencia enorme en materia penal. Esos 16 cargos de fiscal en materia Penal estaban previstos en el traspaso de delitos que ya ocurrió. Cuando llegué a la fiscalía se tramitaban 30 mil expedientes al año, hoy tramita casi 70 mil y todo eso se hace con la misma cantidad de fiscales. Hemos hecho una profunda reorganización de las fiscalías lo que nos ha permitido hacer frente a ello con estándares muy buenos de tiempos y bastante éxito. En este momento es prácticamente insostenible, si el Consejo de la Magistratura no apura estos concursos y nosotros logramos poner en marcha alguna de estas fiscalías, lamentablemente, termina siendo un destino de una situación muy difícil. Necesitamos los fiscales de un modo urgente. En el fuero Contencioso Administrativo, más allá de lo que sale en los medios a veces, medidas muy particulares, el grueso de la carga de trabajo tiene que ver con ejecuciones fiscales. El Consejo tiene que ver de qué modo rediseña el fuero Contencioso Administrativo de modo que todo lo que son ejecuciones fiscales puedan tramitarse sin entorpecer el resto de los casos que a veces son ejercicio de derechos constitucionales que son mucho más sensibles que las ejecuciones fiscales. Hoy es todo muy dispar y desordenado.
Es interesante ver como funciona el Sistema Acusatorio en la Ciudad. En este sentido, ¿cuán importante es implantar un Sistema Acusatorio nivel Federal?
Es clave. Los dos grandes desafíos en materia de Justicia que tiene el gobierno en el año que le queda, o el próximo gobierno aunque sean los mismos actores o signo político, es traspasar una parte de la Justicia a la Ciudad y generar una reforma procesal penal hacia un sistema acusatorio. Con este rediseño que hicimos de la fiscalía, han venido fiscales y jueces de todo el país y de toda la región para ver como está funcionando en toda la Ciudad de Buenos Aires. Hoy es identificado como un sistema de Justicia modelo para el país y la región. Lo razonable es que ese sistema modelo fuera el federal. Mucho se habla de derechos humanos y garantías, y nosotros sostenemos hoy un sistema procesal penal, claramente violatorio de todas las garantías procesales. Cómo podemos tener jueces que aseguran derechos e investigan las personas que les aseguran derechos ellos mismos. Es algo que en la región, me arriesgaría a decir que no queda ningún país funcionando sobre estos parámetros que son violatorios de todas las garantías. Nos dio el contrasentido acá que muchas veces la defensa pública defiende a sus asistidos que las causas sean declaradas incompetentes y sean enviadas a nación donde es un sistema que no respeta las garantías procesales básicas de que haya dos partes en un conflicto y de que haya un juez objetivo e independiente que sea el que pueda dirimir y asegurar las garantías. Nos llenamos la boca hablando de garantías y tenemos un sistema que no funciona sobre esos parámetros, el juez es juez, es parte porque es el que lleva adelante la investigación, es el que decide las excarcelaciones, ordena las detenciones, hace todo. Es un modelo medieval de lo más retrogrado y seguimos sosteniendo ese sistema. La verdad, creo que es intolerable en términos de derechos humanos un sistema inquisitivo.