Tras la designación de camaristas comenzó el cruce entre los empresarios y el gobierno. Los primeros arguyen como crítica la “cercanía” de alguno de los designados a la CGT, mientras que desde el Poder Ejecutivo sostienen que ese reclamo “no tiene entidad”.
El pasado 26 de enero el gobierno Nacional publicó en el Boletín Oficial numerosos decretos que designaban gran cantidad de jueces para los fueros Laboral, Comercial, Correccional y algunos juzgados Federales.
Algunos de los magistrados designados no parecieron ser del agrado de los empresarios agrupados en el G-6 por lo que mostraron su disconformidad mediante un comunicado difundido en las últimas horas.
En él califican como “perjudicial” el hecho de que “quienes tienen una posición tomada frente a temas como la participación de los trabajadores, la legislación sobre accidentes de trabajo, e incluso la metodología de protesta, cuando inexorablemente deberán pronunciarse, ya en su carácter de magistrados del fuero, acerca de estos mismos temas, fallar en conflictos y pronunciarse ante disputa de intereses”.
Y agregaron: “Se trata de subrayar que es una de las bases de la equidad y la igualdad ante la ley que quienes deban juzgar los actos de los ciudadanos sean claramente independientes de las partes que eventualmente litiguen” ya que “se trata nada menos que de Jueces de la Nación, que deben garantizar el imperio de la ley y no la voluntad de un sector de la sociedad”.
Al cruce de los reclamos de la patronal salió en representación del gobierno el ministro de Trabajo, Carlos Tomada: “¿De dónde creen que provenían la mayoría de los integrantes del fuero laboral en otros tiempos? Los empleadores designaban no a uno o dos, sino absolutamente a todos", dijo y agregó que el planteo empresario es "poco respetuoso para la trayectoria de jueces que en su inmensa mayoría forman parte de una carrera judicial", y afirmó que "es una falta de consideración sostenida en los prejuicios".
Algunos de los nombres que más molestan a los empresarios son el de la magistrada Graciela Craig, esposa del diputado nacional y asesor Legal de la CGT, Héctor Recalde, y que fue designada en la Sala VI de la Cámara o el de Diana Cañal, designada en la sala III y que esta sindicada como cercana al titular de la UEJN y diputado nacional, Julio Piumato.
Otros nombres son el de Beatriz Inés Fontana, designada en la sala VII, supuestamente relacionada con el ministro de Trabajo Tomada y Graciela Marino, que pasó a integrar la sala IV, y es vinculada también con el titular de la cartera de Trabajo.
Cabe recordar que el G-6 reúne a las ramas del empresariado que más vieron sus arcas favorecidas durante la época de la flexibilización laboral. Por la Unión Industrial Argentina, Héctor Méndez; de la Cámara Argentina de Comercio, Carlos de la Vega; de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner; de la Asociación de Bancos Argentinos, Jorge Brito; de la Sociedad Rural Argentina, Hugo Biolcati y de la Bolsa de Comercio, Adelmo Gabbi.