Como se diría en el barrio, “se pasó de rosca”. Con esta frase popular podría describirse la actitud de la jueza española María Dolores Barragán, quien fue suspendida de ejercer funciones por un año por abusar de su poder de magistrada.
La Sala en lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo español ratificó la sanción de un año para la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de la ciudad andaluza de Úbeda, en Jaén, por haber clausurado dos perfumerías de la localidad. La mujer actuó luego de que una de las tiendas se negó a devolverle la plata de un perfume que, según ella, no olía bien.
Había sido inhabilitada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en noviembre de 2009, pero ahora, el Tribunal Supremo decidido rechazar el recurso interpuesto por Barragán y confirmó su suspensión, además de reprocharle haber abusado de su condición de juez. Por otro lado, también le prohibieron concursar y trasladarse a otro juzgado a más de 100 kilómetros de Úbeda.
El Tribunal consideró que la jueza cometió dos faltas muy graves por abusar de su condición de magistrada para exigir un trato preferente y por inobservancia del deber de abstención.
Según informaron los diarios locales, los hechos tuvieron lugar en junio de 2008 en dos establecimientos del Autoservicio Katty en Úbeda, pertenecientes al mismo propietario. Al parecer, la jueza había comprado en uno de ellos un perfume Aire de Loewe. Pero, tras entender que no ofrecía la fragancia que esperaba, que podría tratarse de una falsificación y que el pulverizador no funcionaba correctamente, decidió pedir que le devuelvan el dinero.
En ese momento mandó a su empleada doméstica para recuperara los 49,95 euros pero el vendedor no accedió a su petición, argumentando que la colonia ya había sido usada en gran parte. Finalmente, desde el local accedieron por las presiones recibidas por la magistrada.
Al día siguiente, Barragán envió a la policía local a realizar una inspección en busca de perfumes falsificados y a clausurar durante una semana las dos perfumerías, una en la que había comprado el perfume y otra del mismo dueño.
Según los diarios de España, la jueza ya contaba con “un muerto en el placard” antes de la suspensión: había estado imputada junto a su marido en un procedimiento judicial por estafa y alzamiento de bienes.