En la tercera reunión del Consejo Federal de Justicia (Cofesus), encabezada por el ministro de Justicia Julio Alak, se trataron varios temas, pero hubo dos destacados: el compromiso federal para generar una coordinación entre las distintas partes que se encarguen de investigar y prevenir este tipo de delitos y el impulso de tareas que promuevan la creación de cuerpos de custodia especial para brindarles seguridad a los testigos de los casos en las distintas jurisdicciones. El encuentro fue en la Ciudad de Buenos Aires.
El acuerdo, firmado por todas las provincias, promoverá el desarrollo de tareas de capacitación a los agentes de las fuerzas de seguridad de cada jurisdicción. Pero también serán beneficiarios de esta iniciativa los funcionarios y empleados judiciales y a las organizaciones sociales que estén involucradas con esta problemática.
En relación a la protección de testigos, la creación de cuerpos de custodia especial resultó un avance que será aplicado a causas de lesa humanidad o complejas y de mayor envergadura. Este emprendimiento nace de un proyecto presentado por el Programa Nacional de Protección de Testigos de la Secretaría de Justicia de la Nación.
También participaron del encuentro el secretario de Justicia de la Nación, Julián Álvarez; el ministro de Justicia de Santiago del Estero y titular del Cofejus, Ricardo Davies; el ministro de Derechos Humanos de Misiones, Edmundo Soria Viela; los ministros de Gobierno de Formosa, La Rioja y Río Negro, Jorge González, Felipe Álvarez y Diego Larreguy; y sus pares de Justicia de Salta, Córdoba y Santa Fe, María Inés Diez, Luis Angulo y Héctor Superti.
El ministro Julio Alak aseguró: "Este ámbito nos permite ser más eficientes en la proyección de políticas públicas de gestión en materia judicial". Y agregó: "No toleraremos ninguna forma de esclavitud o explotación, sea de origen laboral, sexual o cualquier otra que degrade al ser humano y viole sus derechos". Su par Julián Álvarez destacó la "trascendencia del encuentro federal en el marco de un proceso de construcción de un país moderno para el siglo XXI, con un Estado presente y las decisiones en manos del poder político y no del económico".
Otro de los temas que se discutió fue el de la federalización de la información registral y el establecimiento de un Protocolo Anticatástrofe, como parte de un compromiso que asumió la Argentina ante la comisión Interamericana de Derechos Humanos a partir del caso de la voladura de la AMIA.
Entre otros, también asistieron el presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella; el secretario de Asuntos Registrales de la Nación, Oscar Martini; el subsecretario de Política Criminal, Juan Martín Mena; la titular de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata, Zaida Gatti; y el director Nacional del Programa de Protección de Testigos, Darío Díaz.