Resueltas las impugnaciones al dictamen final del jurado, la terna quedó compuesta por sólo dos postulantes. Según el reglamento debería declararse "desierto". Sólo resta que el procurador de la Nación, Esteban Righi, apruebe el inusual concurso.
A casi dos años de haber sido abierto el concurso 81, destinado a designar al reemplazante de Manuel Garrido al frente de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, este podría declararse desierto.
En febrero pasado, el jurado del concurso, integrado por los procuradores fiscales ante la Corte Luis González Warcalde (presidente), Eduardo Casal, Marta Beiró, Laura Monti y por el fiscal Ricardo Álvarez, emitió el dictamen final.
Allí, de los cinco concursantes que quedaban en carrera sólo dos alcanzaron el porcentaje mínimo necesario para integrar el orden de mérito. Se trata de Guillermo Orce, secretario letrado de la Procuración, y del abogado Sergio Rodríguez. En tanto, Rodolfo Domínguez, fiscal de San Martín, y los abogados Claudio Gentile y Carlos Vinciguerra, quedaron fuera.
De estos últimos, sólo Domínguez impugnó el dictamen final. La impugnación fue analizada por el jurado y el 11 de marzo se elaboró la resolución en la que se rechazó la configuración de la causal de arbitrariedad, ya que el dictamen “consta de la debida fundamentación respecto de todas y cada una de las cuestiones que se tuvieron en cuenta a los fines de la asignación de las calificaciones”.
Con ello, se ratificó todo lo allí dispuesto, las calificaciones y la integración del orden de mérito de los postulantes a ocupar la vacante concursada, razón por la cual el orden de mérito quedó conformado sólo por dos personas, Orce y Rodríguez.
El reglamento de concursos establece claramente que “de no haber por lo menos tres (3) postulantes en condiciones reglamentarias para integrar la terna correspondiente, el concurso será declarado desierto en relación a la vacante afectada por esa imposibilidad y deberá efectuarse una nueva convocatoria a su respecto”.
Esteban Righi, Procurador General de la Nación, ahora dispone de veinte días hábiles, desde que queda firme el acta de resolución de impugnaciones, para expedirse y dictar una resolución aprobando el concurso con el orden de mérito correspondiente.
Todo indica que los casi dos años de concurso culminarán en la nada, pues se lo debería declarar desierto. La suerte ya está echada.