Las cárceles bonaerenses, en el ojo de la CIDH

En el marco del 141 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se realizó una audiencia pública en la que el organismo internacional expresó su preocupación por “las dramáticas condiciones en que se encuentran las personas privadas de libertad” en las cárceles y comisarías de la provincia de Buenos Aires.

La audiencia comenzó con las manifestaciones de preocupación por parte de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y el CELS (Centro de Estudios Sociales y Legales) -quienes solicitaron el encuentro-, ya que sólo concurrieron representantes del gobierno bonaerense pero no del gobierno nacional.

Gastón Chillier, director ejecutivo del CELS, basó su exposición en los ejes de la visita que hiciera en junio del año pasado el relator para las personas privadas de libertad, Rodrigo Escobar Gil, al país y en la que exhortara al Estado a “asegurar condiciones mínimas de detención que sean compatibles con la dignidad humana”.

“Ocho meses después de esta visita, la situación sigue siendo de extrema gravedad” sostuvo Chillier, aunque aclaró que hubo “leves mejoras en materia de prisión preventiva y disminución de personas encarceladas en las comisarías”. Sin embargo, habló de “practicas sistemáticas” y de “persistencia y generalidad de la violación de derechos” que se suma a lo que denominó “un patrón general de negligencia” por parte del Estado para “prevenir y sancionar a los responsables”.

Luego, se presentaron imágenes y un diagnóstico extenso sobre las condiciones de detención para los presos bonaerenses. “En estos últimos tres años, la población penal aumentó un 10%. Y desde marzo de 2009 hay un 4,7% más personas en el sistema. La tasa de encarcelamiento provincial se estabilizó en los 190 detenidos cada 100 mil habitantes, una de las más altas de la región”, explicó el director ejecutivo del CELS.

Asimismo, sostuvo que actualmente alrededor del 70% de los detenidos se encuentra bajo prisión preventiva.

Por su parte, Roberto Cipriano García, de la CPM, sostuvo que “la tortura como práctica sistemática en los lugares de detención y la violencia institucional estructural, la muerte de detenidos y la desatención de la salud se agravaron durante la actual gestión del gobernador Scioli y del ministro Casal”.

“En la provincia de Buenos Aires no hay espacios de no tortura y maltrato. Se da con distintas modalidades, intensidad y frecuencias pero existe en cada lugar de detención”, denunció.

Asimismo, advirtieron un “continuo debilitamiento de los sistemas de control” ya que el “Poder Judicial no tiene la capacidad de investigar, en algunos casos por deficiencia y en otros por complicidad, los casos de tortura”. También se denunció una persecución a “los jueces que cumplen con el debido proceso y promueven excarcelaciones, como es el caso del doctor Sal Lari”.

A su vez, los representantes del Estado provincial, al tomar la palabra, negaron las denuncias realizadas por las organizaciones. El subsecretario de Política Criminal e Investigaciones Judiciales de la provincia, César Albarracín, rechazó “la existencia de prácticas sistemáticas de tortura y que el Poder Judicial pudiese ser cómplice”.

También ponderó del descenso de la cantidad de presos en condición de prisión preventiva y la incorporación, por ejemplo, de las audiencias orales obligatorias para el dictado de la prisión preventiva o la inclusión de un nuevo supuesto excarcelatorio.

Tras esto, Albarracín presentó a los comisionados estadísticas que buscaban rebatir lo que habían sostenido las organizaciones.

Luz Patricia Mejia, relatora para la Argentina de la CIDH, tomó la palabra sorprendida por las dos visiones “contrastantes” sobre el mismo tema y preguntó a los representantes del Estado de la provincia si las imágenes presentadas por las organizaciones correspondían a casos reales. El funcionario tuvo que reconocer la veracidad de las mismas, aunque descalificó las denuncias como “generalizaciones que no tienen más sustento que una opinión personal”.