Entre el 15 y el 21 de mayo la Corte Interamericana de Derechos Humanos realizará tres audiencias públicas por violaciones a los derechos humanos. Dos de ellas son por casos ocurridos en nuestro país.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos celebrará entre el próximo 15 y 21 de mayo, en la ciudad de Panamá, tres audiencias en el marco de casos con el objetivo de emitir sentencias. Dos de ellas son sobre casos argentinos que fueron girados por la Comisión Interamericana de DDHH tras fracasar algún acuerdo entre las partes.
El primero de los casos que será analizado es el “Grande vs. Argentina” donde la Corte IDH escuchará la declaración de la presunta víctima así como los alegatos y observaciones finales orales del representante, la República Argentina y la Comisión Interamericana.
En mayo del 2010 Comisión Interamericana presentó este caso contra la Argentina por haber sometido supuestamente a Jorge Fernando Grande, presunta víctima, “a un procedimiento penal marcado por irregularidades y demora indebida, el cual estuvo basado en prueba que luego fue declarada nula, y por no haberle brindado un recurso adecuado para repararlo por los daños y perjuicios ocurridos durante el mencionado proceso penal”. Leonardo Franco, es uno de los integrantes de la Corte y por ser argentino no participará en este asunto.
Mientras que el otro caso del que también se dará cuenta es “Torres vs. Argentina”. Un caso que también fue girado en mayo del año pasado por la supuesta detención arbitraria, tortura y desaparición forzada de Iván Eladio Torres ocurrida a partir del 3 de octubre de 2003 en la ciudad de Comodoro Rivadavia, Chubut, y la posterior supuesta falta de debida diligencia en la investigación de los hechos, así como la denegación de justicia en perjuicio de sus familiares.
En esta audiencia, la Corte escuchará las declaraciones de una presunta víctima, una perita propuesta por los representantes de las presuntas víctimas y una perita dispuesta de oficio por el Tribunal.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, posee sede en San José Costa Rica, y es una institución judicial autónoma de la Organización de los Estados Americanos cuyo objetivo es la aplicación e interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de otros tratados concernientes al mismo asunto y fue establecida en 1979.
Está integrada por Diego García Sayán (Perú) - presidente -, Leonardo Franco (Argentina), Manuel Ventura Robles (Costa Rica), Alberto Pérez Pérez (Uruguay), Margarette May Macaulay (Jamaica), Rhadys Abreu Blondet (República Dominicana) y Eduardo Vio Grossi (Chile).