Diputados se mueve contra la corrupción

Las comisiones de Legislación Penal y Justicia de la Cámara de Diputados emitieron un dictamen favorable a la modificación del Código Penal en lo referente a los delitos contra la administración pública.

Aunque no hubo quórum necesario en la reunión se aplicó el reglamento interno, porque que era la tercera vez que se citaba a una reunión para tratar este proyecto –las anteriores habían sido los pasados 14 y 26 de abril-, y se pasó a la firma el dictamen con los diputados presentes.

Incluso el presidente de la Comisión de Legislación Penal, Juan Carlos Vega (CC) sostuvo que  “hay un paralelismo alarmante entre el aumento de la corrupción y una menor distribución equitativa de la riqueza”. Por su parte, Ricardo Gil Lavedra (UCR) dijo que “la sociedad espera una señal con respecto a los delitos del poder”.

Precisamente Vega es el principal impulsor del proyecto que obtuvo dictamen favorable en la reunión. Se trata de modificaciones en el Código Penal en referencia a los "Delitos contra la Administración Pública y el Orden Constitucional". Cabe recordar que este proyecto surge del dictamen que se logró en junio del año pasado y que contó con la firma de 26 diputados a favor y 2 en contra.

Asimismo el dictamen establece en su artículo 2 la posibilidad de decomisar “de modo definitivo, por resolución judicial fundada, sin necesidad de condena penal” los bienes procedentes o adquiridos de la comisión de delitos siempre y cuando “el imputado hubiere reconocido la procedencia o uso ilícito de los mismos”.

Este artículo fue el que mayor discusión trajo el año pasado cuando se debatió en comisión, puesto que algunas de las voces en contra sostenían que “el decomiso es una pena material, y la legislación impide que se aplique una sanción sin juicio previo”. Por esose modificó su redacción original.

En líneas generales, se endurecen las penas en todos los delitos de corrupción como así también hay un agravamiento cuando se viera afectado un servicio público o algún plan social de educación o salud. Asimismo, se incorpora la sanción económica de las personas jurídicas, ya que “es a través de ellas que se cometen importantes actos de corrupción”.

Una figura novedosa que se incorpora es la del “arrepentido” o, como se consigna en el proyecto, la persona que “colabore eficazmente en la investigación”. Donde aquellas personas denuncien la ilicitud y estuvieran involucradas en los hechos punibles pueden con ello reducir la pena que les corresponde al grado de “tentativa o limitándola a la mitad”.

Ello siempre y cuando “el delito en que se encuentre involucrado el beneficiario sea igual o más leve que aquél respecto del cual hubiere brindado o aportado su colaboración y hubiere reparado los daños ocasionados por su conducta”.

“En lo estrictamente legal el proyecto busca proporcionarle a la Justicia argentina instrumentos eficaces para combatir la corrupción del poder y de ese modo reconciliarse con la sociedad”, sostiene entre sus fundamentos el proyecto que ahora reza por ser tratado en el recinto.

En referencia a la corrupción también los diputados debían tratar un proyecto que establece la creación de las fiscales generales anticorrupción, impulsado por Ricardo Gil Lavedra (UCR). Sin embargo la iniciativa no pudo tratarse porque desde las dos comisiones esperan la opinión de la Procuración General al respecto.

Luego de la reunión conjunta, los diputados de la Comisión de Legislación Penal, también emitieron dictamen favorable al proyecto del Poder Ejecutivo que propone endurecer la Ley Penal Tributaria que prevé, en el caso de evasión simple una condena de dos a seis años y en el caso de la evasión agravada, de tres y medio a nueve años de cárcel. Además busca ampliar la intervención procesal de la AFIP..