A la Justicia se le fue el humo a la cabeza

Transitar por los pasillos de los distintos tribunales de la Justicia Nacional puede ser una misión peligrosa. Sobre todo cuando llegan los primeros fríos y las ventanas permanecen cerradas.

 

Cansada de ser fumadora pasiva, la abogada Claudia Heras decidió, en septiembre de 2006, presentar una nota en el Colegio Público de Abogados alertando sobre la falta de cumplimiento de la Ley 1799 de la Ciudad de Buenos Aires que prohíbe fumar en lugares cerrados de acceso público.

 

La abogada le pidió al CPACF que “arbitre los medios necesarios para instar al Poder Judicial de la Nación a que vele por el cumplimiento de dicha norma”. En su escrito la letrada se permitió sugerirles algo sencillo: simples carteles con la leyenda “prohibido fumar”.

 

Lo que nunca se imaginó Heras fue que una simple nota instando a que se cumpla con la Ley iba a terminar a consideración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

 

En un derrotero más digno de Kafka que del sentido común, el pedido de Claudia Heras se transformó en el expediente de la Administración General Nº 3902/06 caratulado "SOLICITUD - HERAS CLAUDIA (ABOGADA) S/PROHIBICIÓN DE FUMAR EN ÁMBITOS DEL PJN LEY 1799” y el 27 de octubre de 2006 fue puesto a consideración de las distintas Cámaras de Apelaciones de los distintos fueros que son las que cumplen las funciones de superintendencia en los distintos edificios del Poder Judicial.

 

Diario Judicial.com tuvo a la vista algunas de las intervenciones de esas Alzadas. Una de ellas opinó, en su voto de mayoría,  que “la vigencia de las leyes dictadas por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en cuestiones de salubridad e higiene no son materia en la que deba entender este Tribunal en razón de la superintendencia del edificio”.

 

“Tampoco le incumbe vigilar el cumplimiento de esas leyes cuya aplicación compete a las autoridades del Gobierno de la Ciudad. No corresponde por ende, adoptar providencia alguna con la denuncia de la letrada dirigida al Colegio Público de Abogados”.

 

Otros camaristas entendieron, en cambio, que “la salud de las personas puede verse perjudicada por igual en espacios cerrados de acceso público tanto cuando aquellos espacios integran el sector público nacional como cuando los mismos pertenecen al ámbito local”  y votaron por aceptar favorablemente el reclamo de la letrada.

 

Un experimentado camarista civil, ex fumador, reconoce que los pasillos de los edificos de ese fuero son virtuales chimeneas. Con un lacónico "yo los entiendo", parece resignar parte de su poder para hacer que la norma de prohibición se cumpla, aún a costa de su propia salud.

 

La cuestión es que los edificios de tribunales decidieron "estar a lo que decida la Corte Suprema de Justicia en el expediente 3902/06”.  Por su parte, el Máximo Tribunal todavía no decidió expedirse sobre el tema.

 

Que de un pedido tan sencillo se haya formado un expediente que, desde hace cinco años trajina los pasillos de los Tribunales, con intervención de numerosos jueces, secretarios, empleados y hasta de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, es obviamente un penoso síntoma de una falla en el sistema.

 

Como dice el dicho “la Justicia es lenta”. Lo que no dijo la sabiduría popular es que también es exasperantemente burocrática. Con semejante dispendio de recursos no hay presupuesto que aguante.

 

Consultada al respecto, Claudia Heras opinó: "Todos los días pienso en el triste rumbo que está tomando nuestra sociedad, perdida en un mar de voluntarismos y carente cada vez más de valores básicos. Como decía mi abuela "como muestra basta un botón". En este caso, la muestra es el pertinaz incumplimiento de la prohibición de fumar en espacios públicos que se evidencia en los propios edificios del Poder Judicial de la Nación, con sede en nuestra ciudad, sin contar con la permanente violación de la norma en los recintos universitarios de la UBA.  Mi mayor pena es transmitir a nuestro jóvenes el mensaje perverso de que las normas no se dictan para ser cumplidas".

 

Cada 31 de Mayo, la Organización Mundial de la Salud organiza el "Día Mundial sin Tabaco", una iniciativa destinada a recordar los grandes perjuicios que acarrea el tabaco para la sociedad (no sólo para los fumadores), uno de los problemas más graves de salud pública.

 

En Argentina todavía no existe una Ley Nacional Antitabaco. Solamente hay sancionadas normas en distintas provincias, que buscan combatir el tabaquismo prohibiendo fumar en lugares cerrados e impulsando campañas educativas al respecto.

 

En 1992 el Congreso sancionó una Ley Antitabaco, iniciativa del legislador radical Aldo Neri. Sin embargo la norma fue finalmente vetada por el presidente de entonces, Carlos Menem, alegando que se perjudicaban las economías de las provincias tabacaleras.

 

En mayo de 2003, nuestro país suscribió en Ginebra el Convenio Marco para el control del tabaco con el principal argumento de proteger la salud publica, bajo el reconocimiento por parte de los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud.

 

En agosto del año pasado el proyecto de Ley Nacional Antitabaco tuvo media sanción del Senado. Ahora le toca a la Cámara de Diputados convertirlo en ley. 

 

La futura norma apunta a garantizar ambientes 100 por ciento libres de humo de cigarrillos, la inclusión de advertencias sanitarias en los paquetes y establece la restricción amplia de la publicidad de esa clase de productos.

 

En Argentina mueren aproximadamente unas 40.000 personas al año por causas vinculadas con el tabaco, principalmente afecciones respiratorias, cardiovasculares, y cancerigenas; 6.000 de esas personas que fallecen cada año son fumadores pasivos. Argentina es el tercer mayor consumidor de tabaco de América Latina y el Caribe.