Tras un acuerdo entre el Ministerio de Justicia y Aerolíneas Argentinas, los testigos, víctimas, querellantes e imputados en causas por delitos de lesa humanidad y trata de personas serán trasladados por vía aérea hasta los lugares donde sean citados por la Justicia.
En el marco del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados que ejecuta el Ministerio de Justicia, Julio Alak estimó que se implementarán “acciones de cooperación y asistencia operativa para facilitar todo lo vinculado a la protección de la identidad de los testigos que participan en las causas por delitos de lesa humanidad”.
Más precisamente, se refirió al convenio firmado por el Ministerio con las empresas Aerolíneas Argentinas y Austral que contempla el traslado por vía aérea de testigos, víctimas, querellantes e imputados en procesos penales por delitos de lesa humanidad, trata de personas y otros delitos comprendidos en la Ley 25.764.
La medida contempla además la posibilidad de brindarle mayor respuesta y rapidez a los procesos penales.
Al respecto, el presidente de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde, aseguró sentirse “satisfecho por contribuir a una política de Estado que busca poner fin a la impunidad con la concreción de los juicios”.
En tanto, Alak y Recalde convinieron coordinar acciones de colaboración y establecer mecanismos para agilizar la emisión de los tickets aéreos destinados a las personas contempladas por el acuerdo, además de considerar la implementación de los servicios especiales que fueren necesarios para su traslado.
Por otra parte, las fuentes del Ministerio indicaron que dadas las características y la “estricta confidencialidad” que exige la “eficiente protección de testigos”, la información que manejen la compañía y el organismo a cargo de Alak tendrá carácter de reservada.
También tuvieron parte activa en el acuerdo el subsecretario de Política Criminal, Juan Martín Mena; la subsecretaria de Planificación Estratégica del Ministerio de Justicia, Ana Casal; el subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial, Franco Picardi; el titular del Servicio Penitenciario, Víctor Hortel; el director del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados, Darío Díaz, y el representante de la Agrupación Hijos, Agustín Cetrangolo.