Los reos de la cárcel de Devoto enviaron una carta a la presidente Cristina Fernández de Kirchner mostrando su “incertidumbre” respecto al traslado de la cárcel hacia el penitenciario de Mercedes. Temen que se vean afectados el derecho a “defensa en juicio” así como la garantía de “lazos familiares”.
El 28 de junio pasado la presidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, anunció, entre otras cosas, el traslado de la cárcel de Devoto hacia la ciudad de Mercedes. Allí se anunció que se enmarcaba en un “proceso de modernización” del sistema carcelario. Ahora los presos que se encuentran en la cárcel enviaron una carta a la mandataria en la que mostraron su “incertidumbre” por el traslado.
La carta consigna que actualmente en el complejo penitenciario existen alojados unas 1.700 personas de las que un 70 por ciento son personas procesadas sin sentencia firme y que, como tales, les “asiste el derecho a defensa en juicio así como la garantía de que nuestros lazos familiares sean respetados y favorecidos”.
En este contexto, sostienen que si se concreta el traslado “la población carcelaria alojada en Devoto al mega Complejo penitenciario a construirse, los 120 Km que lo separan de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires serán la causa principal de que los derechos enunciados sean violados por el mismo Estado que debería garantizarlos”.
Para realizar esta apreciación, los detenidos explicaron que en el caso del Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, ubicado a 40 kilómetros de la Ciudad, y donde, según consignan, “los registros de cantidad de visitas tanto de abogados defensores como de familiares de los allí detenidos muestran una baja del 60% respecto de Devoto”, cifras que “llevadas al triple de distancia en la ciudad de Mercedes, crecerían exponencialmente con el consecuente agravamiento de la situación procesal y el daño irreparable a nuestras familias”.
A ello “suma el hecho de que por razones de economía y practicidad procesal, se impone que los Juzgados tengan a aquellos detenidos a su disposición dentro de su radio jurisdiccional” lo que se vería “afectado radicalmente por la ubicación del nuevo Complejo”. “Incluso si se recurriera a medios tecnológicos tales como la teleconferencia u otros el resultado sería una deshumanización aún mayor del sistema judicial”, consigna la carta.
. No queda de lado el Centro Universitario Devoto, radicado en el complejo y que funciona hace 25 años, puesto que el traslado “atentaría claramente contra su derecho a la Educación”. Los datos del Centro explican que “De las personas detenidas que han pasado por sus aulas sólo un 7% reincidió en el delito, contra casi un 50% para la población carcelaria que no participó de esa experiencia. Humildemente creemos que esto tiene una incidencia directa en el llamado "problema de inseguridad" pues nos da la pauta que si la tendencia en cuanto a las políticas de inclusión social encaradas por el gobierno Nacional es acompañada por una política seria, democrática y formadora de conciencia crítica dentro de los muros favoreciendo la intervención de las instituciones y organismos de la sociedad civil se podría optimizar una respuesta a la ‘inseguridad’”.
Por todo ello, los alojados sostienen que “amerita” una “reconsideración del traslado de la población carcelaria alojada actualmente en Devoto al Complejo de Mercedes, el cual sí podría ser destinado al alojamiento de los condenados que actualmente ocupan las cárceles federales más alejadas de la CABA”.
Aunque concluyen que en caso de construirse el Complejo Penitenciario Federal de Mercedes, solicitan que “sea sometido al control de los organismos nacionales e internacionales, gubernamentales y no gubernamentales en cuanto a sus condiciones de habitabilidad y el posible impacto de las mismas en las condiciones de detención” y sea destinado “al alojamiento de los condenados por los sistemas judiciales Nacional y Federal que actualmente ocupan las Unidades Federales más alejadas de la CABA (U6 -Rawson-; U9 -Neuquén-; U15 -Rio Gallegos-; U7 -Resistencia-, por ejemplo)” También, “de concretarse el cierre del penal de Devoto, el Estado Nacional y el Gobierno de la CABA emprendan la construcción de uno o más centros de detención dentro de la CABA para el alojamiento de procesados varones y mujeres y de condenados estudiantes de los sistemas judiciales Federal, Nacional y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” y concluyen solicitando en que “se incentive el debate sobre la necesidad de una nueva Ley Orgánica para el SPF que contemple los criterios ya mencionados”.