Luego de una semana sin actividad, el Senado retoma sus actividades con temas postergados: los pliegos para jueces y fiscales enviados por la Presidenta y se tratarán diversos puntos relacionados con el digesto jurídico, entre otros temas.
A comienzo de julio empezó a tomar relevancia mediática el hecho de que el Poder Ejecutivo no había nombrado jueces en un período de al menos ocho meses. Como respuesta, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner nombró a cinco jueces federales.
No obstante, el Ejecutivo giró al Senado, según fuentes oficiales, 86 pliegos con jueces y fiscales para cubrir puestos que figuran vacantes, y cuyos nombres fueron dados a conocer en su totalidad por DiarioJudicial.com.
A pesar del enérgico reclamo por los nombramientos, los pliegos estuvieron en la Cámara Alta durante más de dos semanas sin recibir tratamiento. Finalmente, se estima que el próximo 27 de julio el pleno del Senado debatirá al respecto.
Luego de que sean tratados por todos los senadores serán remitidos a la Comisión de Acuerdos donde deberán obtener despachos de mayoría.
En tanto, el Digesto Jurídico vuelve al centro de la escena, ya que el mismo día que se reúne el pleno del Senado también realizará un encuentro la Comisión Bicameral que tratará diferentes aspectos con respecto al ambicioso proyecto propuesto por el Poder Ejecutivo.
Entre otras cuestiones, se elegirán a las autoridades de la Comisión, se hará una presentación formal en el Congreso, se establecerá un diagrama de trabajo y se fijarán días y horas de reunión. Además, se precisará el Reglamento Interno del órgano parlamentario.
A su vez, las Comisiones de Legislación General y Presupuesto y Hacienda realizarán un encuentro en el que se destaca el tratamiento de un proyecto de Ley para establecer una indemnización a las víctimas del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).
Más tarde, la Comisión de Legislación General tratará diversos proyectos presentados por los senadores Sonia Escudero, Horacio Lores, Adriana Bortolozzi y Liliana Negre de Alonso sobre el establecimiento de un Régimen Legal para las Acciones de Clase.
En este sentido, los legisladores buscan un marco regulativo para limitar las acciones colectivas previstas en el artículo 43 de la Constitución Nacional.