Posibles modificaciones a la Ley de Concursos y Quiebras | La CIDH pide el cierre de Guantánamo | Quitan la la matrícula a un letrado acusado crímenes de lesa humanidad
Buscan modificar la regulación de los denominados "pequeños concursos"
La senadora María José Bongiorno presentó ante la Cámara de Senadores un proyecto de ley que procura modificar la regulación de los denominados “pequeños concursos” y por lo tanto, introducir cambios en la Ley de Concursos y Quiebras. El objetivo de esta iniciativa es modificar los parámetros de acceso a los procesos calificados como “pequeños”, actualizando los montos de pasivo exigibles y eliminando la cantidad de trabajadores, como recaudo legislativo. Según explicó la autora del proyecto a través de un comunicado, la iniciativa recoge las críticas doctrinarias a la normativa, y reduce los trámites procesales, los plazos y disminuye los costos judiciales. Asimismo, el proyecto establece un trámite diferenciado para aquellos sujetos con ingresos fijos, como es el caso de los asalariados y jubilados.
La CIDH pide el cierre “sin demoras” de Guantánamo
La Comisión Interamericana de Derechos Humano (CIDH) aprobó una resolución sobre la situación de las personas detenidas en la Base Naval de Estados Unidos en Guantánamo, Cuba, en la cual “insta al Estado a cerrar dichas instalaciones sin demora y disponer el procesamiento o la liberación de los detenidos”. Asimismo sostuvo que “la falta de cumplimiento de Estados Unidos con las medidas cautelares dictadas por la Comisión ha ocasionado un daño irreparable a los derechos fundamentales de las personas detenidas en Guantánamo”. Precisaron que desde el Gobierno de aquel país “ha invitado a la CIDH a visitar Guantánamo, pero no le permite entrevistar a los detenidos, condición que la Comisión Interamericana no acepta”.
Se quedó sin matrícula
Luego de la Reunión de Directorio anunciada por DiarioJudicial.com en el Colegio Público de Abogados de Rosario, los miembros del organismo decidieron quitar la matrícula a Juan Daniel Amelong, quien fuera condenado por el Tribunal Oral Federal Nº 1 de Rosario por graves violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar de la Argentina. El presidente del Colegio, Ignacio Del Vecchio, declaró sentirse “orgulloso de pertenecer y formar parte de este Directorio, ya que la madurez con que se abordó el tema habla a las claras de una admirable calidad institucional”. Agregó que “creemos sin lugar a dudas que con esta decisión estamos cumpliendo con la finalidad esencial que dispone nuestro estatuto: enaltecer el concepto público de la abogacía”. Asistieron 13 de los 14 miembros del Directorio, que votaron unanimemente a favor de quitar la matrícula al letrado, y a su vez, estuvieron de acuerdo en que los antecedentes de Amelong “aparecen objetivamente como negativos e incompatibles con el ejercicio de la profesión de abogado”. La base legal para la exclusión de la matrícula de un abogado es el artículo 295 de la Ley Orgánica de Tribunales, que impide “formar parte” del Colegio a los que “hubieren sido condenados a pena privativa de la libertad por delitos dolosos y de cumplimiento efectivo” y habilita al Directorio de la institución a “cancelar la matrícula sin substanciación alguna”.