Brevatas

La lucha contra la trata de personas hasta en la sopa

A través de la resolución 565/2011 de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), publicada hoy en el Boletín Oficial, se estableció que todas las empresas de micros de larga distancia deberán emitir un spot institucional relacionado con la trata de personas antes de realizar los viajes y, además, imprimir en los boletos una frase alusiva a ese tipo de delito y un número telefónico para realizar denuncias. Los miembros de la CNRT argumentaron que "se deben arbitrar las acciones necesarias para promover la erradicación de la trata de personas, a través de la difusión a manera educativa y/o informativa de todas aquellas prácticas o usos sociales susceptibles de ser encuadrados en las figuras tipificadas en la Ley Nº 26.364". A su vez, agregaron que "el transporte interjurisdiccional resulta un medio propicio para encarar la difusión de la problemática de la trata de personas, su denuncia e inclusive poner en alerta a quienes pudieren encontrarse en tal situación cuando son trasladados hacia diferentes entornos para su explotación".

Righi le respondió a Gil Lozano

Esteban Righi, Procurador General de la Nación, contestó mediante una resolución una nota que le fue enviada por la diputada nacional Fernanda Gil Lozano (CC). En ella sostuvo en referencia a la diputada que “debe Ud. saber que ni el Procurador General ni los Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación investigan delitos” y agrega, explicándole a la legisladora, que “cuando es presentada una denuncia ante la Corte o esta Procuración, lo que procede en derecho es que sea judicializada para que tomen intervención un juez instructor y un fiscal, quienes, en virtud de la autonomía que le confieren las leyes sancionadas por el Congreso que Ud. integra, son soberanos para decidir el curso de la investigación y adoptar las medidas que consideran pertinentes a ese efecto (lo que incluye un eventual pedido de informes sobre la titularidad de inmuebles)”. Y finaliza: “Ud. sabe que en ninguna parte de la presentación del 15 de diciembre de 2009 se indicaba al doctor Eugenio Zaffaroni como titular de alguno de los inmuebles denunciados, de modo que cualquier insinuación -como la que Ud. ha hecho en algunos medios - acerca de una ocultación intencionada de ese dato resulta absolutamente improcedente”.

Suspensión de pago para el Correo Argentino por "lento"

El Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba decidió profundizar la investigación administrativa iniciada con motivo de las demoras en el escrutinio de las elecciones del pasado domingo y, además, resolvió la suspensión del pago del 50% restante del monto de la contratación celebrada con la empresa Correo Oficial de la República Argentina S.A., debido a la excesiva demora incurrida por la firma en la publicación de los resultados del escrutinio provisorio de los comicios del día 7 de agosto de 2011. El servicio en cuestión estaba a cargo de la empresa cuyo pago fue suspendido por el Alto Tribunal provincial.Por medio de una Acordada, los miembros del Tribunal Superior también ordenaron que se aseguren y preserven “los elementos técnicos vinculados con la situación problemática, lo que incluye servidores, almacenamiento, elementos de software, comunicación, procesamiento de imágenes y otros bienes asociados, que deberán quedar bajo la guarda y custodia del Poder Judicial". A su vez, los magistrados de la Corte provincial determinaron que se implementen “las medidas operativas para llevar adelante la investigación y que se requiera la colaboración de la Dirección de Policía Judicial”, sin perjuicio de que, si fuera necesario, se pida “la colaboración de especialistas del ámbito universitario u otros sectores a los fines de contribuir al esclarecimiento de la situación planteada”. Entre tanto, el Alto Tribunal provincial se reservó expresamente "para su oportunidad" la posibilidad de instrumentar sanciones pecuniarias o de otro tipo que puedieran corresponder debido al incumplimiento de las responsabilidades asumidas por la empresa.

Con el medio ambiente, no

Mediante el “Acuerdo marco sobre Cese y Remediación de Daño Ambiental”, la Municipalidad de Quilmes se comprometió a realizar el entubamiento de un desagüe del arroyo Las Piedras. Al no cumplir con la obra prometida, el Juzgado N° 1 en lo Contencioso Administrativo de La Plata condenó al intendente quilmeño, Francisco Gutiérrez, a pagar 66.000 pesos de multa y astreintes de 500 pesos diarios hasta que se inicie la obra. El magistrado del tribunal citó al juez Federal de Quilmes, Luis Armella, quien afirmó que “Es dable afirmar que quienes ostentan cargos ejecutivos en la función pública, tienen el deber de ejercerlos eficientemente en los ámbitos normativamente determinados, y cualquier omisión o ejercicio insuficiente en pos de sus administrados, se constituye en una actuación temeraria y antijurídica a la luz de ésta instancia judicial, más aún teniendo en cuenta que dichas responsabilidades necesariamente deben ser cumplidas obligatoriamente y no pueden ser entendidas como una mera facultad legal”.

Fiscales bolivianos investigarán a quienes promuevan el voto nulo en las elecciones judiciales

El fiscal General de Bolivia, Mario Uribe, se reunió ayer con nueve fiscales de distrito en la capital de ese país para instruirlos para que actúen de oficio ya que, dos meses antes de que se realicen las elecciones judiciales, candidatos y opositores al gobierno comenzaron a realizar una campaña para que el voto de esos comicios sea nulo. Así es que Uribe decidió investigar a todos aquellos que estén realizando campañas de este tipo. “La ley es clara cuando dice desde la convocatoria que nadie puede hacer campaña en pro o en contra (del proceso)”, precisó Uribe, y agregó que “si algún ciudadano adecua su conducta a esa figura de delito electoral, entonces puede promover la actuación de oficio de un fiscal”. También consignó que el Ministerio Público tiene bajo su responsabilidad la persecución penal y no brindó más detalles acerca de los pasos a seguir para ese órgano estatal.