En Tucumán empezarán a implementar el Registro Nacional de Sociedades. Si bien el distrito ya había adherido al plan en octubre de 2010, nunca se habían articulado los métodos y pasos a seguir para cumplir con la reglamentación estipulada por la Inspección General de Justicia.
Esta semana, autoridades de la Inspección General de Justicia (IGJ) viajaron a la provincia de Tucumán para definir cómo harán, finalmente, desde ese Gobierno, para instrumentar la implementación del nuevo Registro Nacional de Sociedades.
De esta forma, Tucumán, a través de la Ley provincial 8.367 sancionada en octubre del año pasado, se sumó al registro contemplado en la Ley 26.047 junto a las provincias de Mendoza, Jujuy, La Pampa, Río Negro, Chaco y La Rioja que también están incorporadas.
A los fines de dar a conocer los pasos a seguir para implementar el plan, se reunieron el inspector General de Justicia, Marcelo Mamberti, y la directora del Registro Nacional de Sociedades, Silvina Martínez, con el fiscal de Estado, Pedro Giúdice y con Aldo Madero, quien está a cargo de la Dirección de Personas Jurídicas provincial.
En tanto, los funcionarios explicaron cómo utilizar el Registro de manera que se pueda implementar una base de datos federal en materia societaria, incrementar la seguridad jurídica, prevenir fraudes, evitar situaciones de homonimia de sociedades inscriptas en distintas jurisdicciones, asegurar la validez de los actos societarios en todo el país, y de esta forma ayudar a la lucha contra el lavado de dinero.
En otro orden, más provincias están cerca de ingresar al Registro Nacional de Sociedades. Es que, por ejemplo, en marzo de este año representantes de Entre Ríos y Santa Fe estuvieron reunidos con Mamberti para interiorizarse más sobre el funcionamiento del plan.
Funcionarios de la IGJ precisaron que "la implementación del Registro Nacional es un proyecto largamente anhelado, y para lograr su concreción necesitamos de la colaboración de los registros públicos y organismos provinciales competentes".
En la Ley 26.047 se prevé que la organización y el funcionamiento del registro estén a cargo de la IGJ, que depende del Ministerio de Justicia, además de contemplar la administración de la información por medio de sistemas informáticos, desarrollados y provistos por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).