La Corte Suprema implementó un nuevo sistema de expedientes electrónicos. Ahora, a través de un software especialmente desarrollado para estos fines, no habrá más papel circulando entre las diferentes vocalías: los votos y otras cuestiones inherentes al proceso serán realizados a través de las computadoras.
En junio de este año, se sancionó la Ley 26.685 de informatización del Poder Judicial. En el único artículo del proyecto se autorizaba al uso del “expediente electrónico, de documento electrónico, de firma electrónica, de firma digital, de comunicaciones electrónicas y de domicilio electrónico constituido, en todos los procesos judiciales y administrativos que se tramitan ante el Poder Judicial de la Nación”.
A su vez, la iniciativa también preveía que los encargados de lograr la implementación del expediente digital para el Poder Judicial fueran el Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema, quienes además debían “reglamentar su uso”.
Es por eso que desde el máximo Tribunal nacional decidieron implementar un nuevo sistema de circulación y voto electrónico de expedientes de forma que los trámites sean más ágiles y se de un nuevo paso en el proceso de despapelización.
Si bien el sistema ya funcionaba en algunas instancias de la Corte Suprema aún no había sido implementado plenamente. Fue impulsado por la Comisión Nacional de Gestión Judicial, un órgano integrado por magistrados de todo el país y presidido por el titular del máximo Tribunal, Ricardo Lorenzetti.
La Dirección de Sistemas de la Corte desarrolló el software mediante el cual funcionará el nuevo modo de tramitar los expedientes. En él se carga la causa que se esté tramitando sobre la que luego se expedirán los ministros del máximo Tribunal.
De esta forma, no circulará ningún expediente por las vocalías. A través del programa se dará una alerta y de esta forma los magistrados, que tendrán un usuario personal, podrán ver la causa a través del sistema y a su vez, expedirse a través de él.
La Comisión Nacional de Gestión Judicial fue un organismo creado a los fines de cumplir con las disposiciones de la nueva legislación sobre informatización en términos judiciales, además de incorporar nuevas tecnologías y criterios de gestión.