Tras el parate extenso que dejó tanto la feria judicial como las elecciones primarios, volvió a reunirse la Comisión de Selección de la Magistratura. Hubo un nuevo debate sobre las potestades del cuerpo respecto al traslado de jueces.
Varias fueron las semanas que debieron pasar desde la última reunión para que vuelva la actividad al Consejo de la Magistratura. La feria judicial de invierno y las semanas previas a la elección primaria hicieron de la espera, y del tiempo el protagonista del Consejo.
Uno de los primeros temas de los que se pusieron ante la mesa fue nuevamente el tema de los jurados para los concursos. Una lista de jurados circula entre los consejeros pero no fue aprobada ya que existen ciertos recaudos a tener en cuenta.
El consejero representante del Poder Ejecutivo, Hernán Ordiales, quien consignó que en la lista hay varios magistrados que tienen denuncias en el Consejo en estados avanzados por lo que “en forma momentánea, no definitiva, se los apartara” de la lista de jurados. Allí citó el caso de Olga Pura Arrabal y Luis Rueda.
Después comenzó a tratarse un pedido formulado por Patricia Llerena, integrante del TOC N° 26, para que se la traslade al TOC N° 23. Llerena actualmente, además de integrar el mencionado tribunal ,es quien subroga el TOC N° 23, pero se da una situación diversa y que genero las opiniones de los diversos consejeros. Es que el Gobierno Nacional ya envió al Senado el pliego de Javier Anzoátegui en miras a cubrir esta vacante.
Para dicho traslado, según explicaron durante la reunión, hay consentimiento para el traslado tanto de la autoridad de superintendencia como del tribunal entrante pero no del saliente. “El consejo sólo recomienda el traslado” explicó Ordiales; “el reglamento no autoriza el traslado cuando hay un concurso” dijo uno de los representantes de los jueces, Ricardo Recondo.
A lo que se sumó el representante de los magistrados del interior, Alejandro Sanchez Freytes: “tengo mis serias dudas de que no estemos invadiendo una facultad”. “El interesado debería presentarse en el Ministerio de Justicia”, abundó Recondo.
“Nosotros simplemente deberíamos expedirnos sobre lo que se nos solicita y no deberíamos recomendarle un comportamiento”, respondió Manuel Urriza, representante académico del organismo.
Finalmente se decidió postergar la decisión hasta tanto tener un texto de dictamen escrito en el que basarse y donde se tenga por presente que el organismo recomienda el traslado aunque dando cuenta de la existencia de un pliego para ese juzgado en el Congreso de la Nación.
Luego en un concurso, el 269, que busca cubrir la vacante existente en el Juzgado Federal de Campana, la comisión decidió aprobar la desestimación in limine de una impugnación presentada contra uno de los participantes del concurso. Precisamente quien actualmente se desempeña como juez subrogante del juzgado en cuestión, Adrian González Charvay.
La impugnación fue realizada por Julián Dieguez Herrera y su esposa Nathalia Thompson quienes cuestionaron la participación de Charvay. Lo acusan de haber ordenado presuntamente el cese en sus funciones a Thompson, como consecuencia de su declaración en el enjuiciamiento a Federico Faggionatto Márquez durante el jury que culminó con su destitución y generó la presente vacante.