Brevatas

Convenio para la diversidad sexual en el ámbito laboral

El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y el Ministerio de Trabajo firmaron un convenio marco de cooperación en materia de trabajo y diversidad sexual, que apunta a proteger los derechos de las minorías sexuales en el ámbito laboral. El acuerdo firmado procura “la mutua colaboración entre las partes en el desarrollo y la coordinación de acciones relacionadas con el trabajo y la diversidad sexual, en concordancia con las políticas de inclusión aplicadas por el Estado nacional”, informaron desde la cartera de Justicia. El convenio fue firmado por el interventor del INADI, Pedro Mouratian y por el ministro de Trabajo, Carlos Tomada. “El convenio será un paso principal para iniciar acciones orientadas a atender las problemáticas que afectan a los gays, lesbianas, travestis, transexuales y bisexuales en el trabajo” y “pretende constituirse en un disparador de nuevas políticas que, articuladas y coordinadas a nivel nacional, marquen otro hito en materia de derechos humanos y diversidad sexual", señaló el ministro de Trabajo. 

La Corte Suprema realizará una audiencia pública informativa sobre derecho a la vivienda

La Corte Suprema de Justicia de la Nación realizará una audiencia pública, el 15 de septiembre a las 10hs en la Sala de Audiencias del Tribunal, con finalidad informativa y vinculada al derecho a una vivienda. Esta audiencia será llevada a cabo en el marco de la causa "Q.C., S.Y. c/Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires", en la cual, una madre y su hijo discapacitado reclaman asistencia habitacional al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Concretamente, la actora, interpuso una acción de amparo por sí misma, y en representación de su hijo menor de edad, dada la situación de calle de ambos, para que se les garantice el derecho a una vivienda adecuada y se los incorpore a algún plan habitacional. Ante la convocatoria del Alto Tribunal Nacional comparecerán funcionarios y apoderados del gobierno porteño, el letrado patrocinante de la actora, y por el menor, un representante del Ministerio Público de la Defensa. También fue invitado a participar el Procurador General de la Nación. Actualmente, la demandante se encuentra percibiendo un subsidio que fue obtenido y concedido como medida cautelar.

Ecuador: "emergencia judicial"

El Poder Ejecutivo ecuatoriano decretó el estado de emergencia por un plazo de 60 días de su sistema judicial con el objetivo de "resolver la situación crítica por la que atraviesa". Debido al momento que atraviesan los judiciales, más de 1.215.000 causas se encuentran paralizadas. El decreto firmado este lunes establece la movilización nacional de todo el personal judicial a fin de "garantizar el acceso a la justicia oportuna e integral a los habitantes del Ecuador". A su vez, desde el gobierno de Ecuador aseguraron que se darán los primeros pasos para implementar el Plan de Transformación de la Justicia. Una de las razones de la medida es que la justicia ecuatoriana "no cuenta con sistemas informáticos apropiados que permitan generar una información sólida para la planificación estratégica institucional", según afirmó el presidente del Consejo de la Judicatura Transitorio, Paulo Rodríguez.