La Comisión de Legislación del Trabajo aprobó un dictamen que de convertirse en Ley derogará 23 artículos de la Ley de Pequeña y Mediana Empresa.
Este miércoles la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, cuyo presidente es, Héctor Recalde (FpV), dio el visto bueno a un proyecto que derogará, de convertirse en Ley, 23 artículos de la Ley de Pequeña y Mediana Empresa.
Según explica la iniciativa entre sus considerandos, la mencionada Ley incorporó en el Título III un plexo de normas que incluían un "régimen especial" destinado a regular "el contrato de trabajo y las relaciones laborales en la pequeña empresa".
La norma en cuestión “ha recibido sólidos cuestionamientos por parte de la doctrina ius laboralista no sólo por su deficiente técnica, sino fundamentalmente por su contenido regresivo y por afectar derechos fundamentales, circunstancia que pone en tela de juicio su constitucionalidad”.
En concreto la iniciativa que ahora llegará al recinto derogaría los artículos 83 al 106 de la ley 24467 -de Pequeña y Mediana Empresa-. Asimismo se derogaría el decreto 146/99 reglamentario del Título III de la ley 24.467 - Pequeña y Mediana Empresa. “A diez años de su sanción, esta norma no ha demostrado que contribuya a disminuir el desempleo ni el empleo no registrado”, sostiene Recalde.
Por ejemplo, “la norma permite una definición de lo que debe entenderse por "pequeña empresa" que por su amplitud, excede los límites de la razonabilidad (art. 28 C.N.)”, asimismo se consigna una “regulación diferenciada de los derechos de los trabajadores según el tamaño de la empresa en la que se desempeñen” lo que “contradice expresos principios constitucionales como el derecho a la igualdad (art. 16 C.N.) y el derecho a igual remuneración por igual tarea (art. 14 bis C.N.)”.
“La norma que se propone derogar establece una diferenciación irrazonable entre trabajadores que se encuentran en idéntica situación, circunstancia que justificaría, cada vez que una pequeña empresa pretenda su aplicación desprotectora, que los trabajadores soliciten judicialmente su inconstitucionalidad, de modo que esta norma fomenta la litigiosidad y la inseguridad jurídica”, consignan los fundamentos del dictamen aprobado.
El proyecto que obtuvo dictamen se encuntra firmado por los diputados Héctor Recalde, Antonio Alizegui, Juan Gonzalez, Francisco Plaini, Juan Salim, Patricia Gardella, Roberto Roblredo, Octavio Argüello y Julio Ledesma.