Un grupo de legisladores de la UCR presentó un proyecto para intervenir a la Justicia de la Rioja ya que consideran que las designaciones de los integrantes del TSJ provincial son hechas “a dedo” por el gobernador Luis Beder Herrera.
Encabezados por el diputado Julio Martínez, varios referentes de la Unión Cívica Radical presentaron un proyecto en el que solicita la intervención del Poder Judicial de La Rioja por presuntas anomalías en la designación de los integrantes del Tribunal Superior de Justicia provincial.
Según advirtió Martínez durante una conferencia de prensa brindada en el Congreso de la Nación, existen “anomalías que se han producido en la designación de los miembros del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, que actúa como un apéndice del Poder Ejecutivo provincial”.
Por tal motivo, presentó un proyecto de Ley en el que solicita “la intervención federal a la provincia de La Rioja en su Poder Judicial, conforme a los artículos 6° y 75, inciso 31, de la Constitución Nacional, a efectos de proceder a su reorganización para garantizar la forma republicana de gobierno y la administración de justicia consagradas en el artículo 5° de la misma norma”.
El proyecto establece, además, que “el PEN designe al interventor federal del Poder Judicial en la provincia de La Rioja” que tendrá las siguientes atribuciones: “Remover y designar a los magistrados, funcionarios y empleados que integran el Tribunal Superior de Justicia y la Procuración General de la Provincia de La Rioja”; “dictar los reglamentos y disposiciones necesarias para establecer un sistema de subrogancias y de designación de conjueces para atender las vacancias que se generen durante la vigencia de la presente intervención”; “ejercer todas las atribuciones necesarias para llevar adelante los objetivos y funciones que se le asignan y los que expresamente se le encomienden de conformidad con lo establecido en el artículo 5° de la presente Ley”.
Es que para el legislador, las designaciones de los abogados Claudio Ana, Luis Brizuela y Emilio Pagotto, como integrantes del Tribunal Superior de Justicia y del Fiscal General, Hugo Montivero, “están viciadas, plagadas de irregularidades”.
“En La Rioja resulta imposible restaurar un servicio de justicia imparcial e independiente en el marco del derecho público local, dado que el poder absoluto del oficialismo impide cualquier restauración en tal sentido, señaló Martínez y agregó que “la intervención federal se justifica en la necesidad de restablecer la forma republicana de un gobierno cuando no se respeta la división esencial de los tres poderes que resulta basamento del sistema republicano y democrático”.
Acompañaron a Martínez, el senador Gerardo Morales y los diputados nacionales Oscar Aguad, Juan Pedro Tunessi; Elsa Álvarez; María Luisa Storani; Rubén Lanceta; Ricardo Buryaile; Gladys Espíndola, y la vicepresidenta de radicalismo riojano y apoderada partidaria, Inés Brizuela y Doria.