En el 143º periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se realizó una audiencia sobre la admisibilidad de un caso presentado por las agresiones contra la Comunidad Qom de Formosa en 2002. Las partes arribaron a un “acuerdo mínimo” en miras a comenzar un procedimiento de solución amistosa.
En el marco del 143 período de sesiones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una audiencia acerca de una petición presentada por la comunidad indígena Nam Qom del Pueblo Toba de Formosa acerca de hechos ocurridos en 2002. El objetivo de la audiencia es poner del conocimiento de la Comisión argumentos de hecho y de derecho con respecto a las violaciones que se detallan en la petición.
La audiencia fue solicitada por la comunidad indígena y el Cels en el marco de la petición 273/05, que se encuentra en etapa de admisibilidad, y acudieron en representación de la comunidad Israel Alegre y Luordes Bascary, en representación del Cels. Según sostuvo Bascary, se trata de un “caso representativo de la relación que tienen los pueblos originarios con las fuerzas de seguridad y con el Poder Judicial”.
Luego habló el representante de la comunidad quien relató el atropello sufrido en agosto del 2002 cuando ingresaron más de 100 policías a la comunidad con armas cortas y vestidos de civil y apresaron a mujeres y niños, cerca de 80 personas. Al otro día, relató, fue baleado Mario Vega en el brazo, y herido no fue atendido debidamente en Formosa y debió ir a buenos aires a atenderse.
Según explicó Bascary, entre el 16 y 17 de agosto, miembros de la fuerza policial de Formosa, ingresaron al barrio Nam Qom para “investigar” un hecho que ocurrió a 15 kilómetros de allí entre dos supuestos ladrones de ganado y dos policías de civil que estaban cumpliendo tareas de seguridad para un terrateniente de la zona, donde uno de los policías resultó muerto y otro herido.
Alegre explicó que no obtuvieron respuesta de la Justicia y aclaró: “Cuando el indígena es denunciado, a las 24 horas tenemos que estar desfilando ante los jueces”. Incluso agregó que tiene tres actas de infracción por “mantener viva su cultura” con multas de 9 mil a 10 mil pesos. “Nos persigue la policía”, aclaró. Describió que abusos policiales, maltratos, vejaciones, “submarino”, bolsas en la cabeza, todo eso “hoy sigue presente”.
El policía de civil herido sostuvo a sus compañeros que “había sido un indio”, con ello las fuerzas policiales formoseñas “so pretexto de buscar información e investigar” mantuvieron por casi 24 horas “haga presa a toda la comunidad de distintos abusos, todos graves”, dijo la representante del Cels.
Asimismo en la causa judicial que se tramitó en la Justicia Formoseña Bascary sostuvo que, “representada por los jueces y fiscales” la Justicia provincial “no dieron un tratamiento adecuado y oportuno a la gravedad de los hechos”. Asimismo, explicó que durante los hechos del 17, cuando la policía emboscó a miembros de la comunidad estuvieron presentes el juez y el procurador, ya que fueron reconocidos por miembros de la comunidad. “El proceso judicial no arribó a la sanción de ningún responsable”, dijo.
Por su parte, los representantes del Estado Nacional integrado por, entre otros, Javier Salgado, representante de la Cancillería Argentina, El ministro de gobierno de Formosa, Jorge González y la Fiscal de Estado, Stella Maris Zavala de Copes; propuso comenzar el camino del acuerdo de solución amistosa y para ello integrar una mesa de diálogo.
Luego habló el ministro de Gobierno formoseño, quien enumeró algunas cuestiones normativas como la creación de la subsecretaria de Derechos Humanos o la sanción de la Ley provincial 1487 que incorpora al Código de Procedimiento provincial la figura de querellante particular al proceso penal. Así como que en 2005, el STJ de la provincia, dejó sentado que ante cualquier hecho que involucre a la policía será el juez el que deba llevar adelante la investigación sin la intervención de esta fuerza. “Ante una situación de conflicto, nosotros preferimos llevar adelante una mesa de diálogo en la discusión de estas cuestiones”, dijo.
Luego Luz Patricia Mejia, relatora de la Comisión para la Argentina, preguntó si podría comenzarse una mesa de diálogo a los peticionarios. “Vemos de manera auspiciosa de que el gobierno de Formosa se comprometa a seguir debatiendo en una mesa de solución” y si “hay predisposición para discutir estos hechos, seguiremos trabajando”. Aunque van a hacer consultas previas con el resto de la comunidad y en un plazo de treinta días hacer llegar al Estado Argentino y a la CIDH la posición.
José de Jesús Orozco, primer vicepresidente de la CIDH, celebró la “manifestación de voluntad” de las partes y explicó que “al haber un principio de consentimiento para arribar a un acuerdo de solución amistosa implicaría que la CIDH suspendiera el avance en la elaboración del informe relacionado con la posible admisibilidad de la petición correspondiente”. Por lo que habló de un acuerdo mínimo, en miras a abrir formalmente un procedimiento de consulta para comenzar con un proceso de solución amistosa.