El hijo de un ex juez santafesino, Rubén Saurín, se presentó a concursar por un puesto de fiscal adjunto, pero desde el Ministerio de Justicia decidieron que no podría participar de la convocatoria por haber presentado "un certificado de una capacitación que pertenecía a su padre", buscando así "obtener un puntaje mayor", señalaron desde la cartera provincial.
Cursos, seminarios, talleres y otras actividades académicas resultan de un interés muy especial para los letrados. No sólo los ayuda a ampliar sus conocimientos sobre distintos temas, sino que, llegado el caso, pueden brindarles mayor puntaje para concursar por puestos dentro del Poder Judicial.
En este caso, las autoridades del Ministerio de Justicia santafesino descubrieron que el abogado Rubén Saurín, hijo del ex juez homónimo, quiso hacer usufructo del nombre de su padre, precisamente, por llamarse igual.
Es que Saurín (hijo) se presentó a concursar por puestos en fiscalías departamentales de la provincia de Santa Fe. Entre la documentación que brindó a las autoridades judiciales para su evaluación, figuraba un título que acreditaba la asistencia a un curso dictado por el Poder Judicial de asistencia exclusiva para magistrados. Por supuesto, Sarín (h) nunca fue juez, como su padre.
De esta forma, las autoridades encargadas del concurso decidieron excluir a Saurín (h) "como postulante en los procesos de selección de concursos públicos en trámite para aspirar a los cargos de fiscales y fiscales adjuntos de las circunscripciones judiciales Nº 1, 3 y 5 de la provincia".
En este orden, también consideraron la presentación de certificados que no le pertenecían como un hecho de gravedad, teniendo en consideración que el sistema de selección santafesino, así como los demás, otorga una gran cantidad de puntaje por los cursos tomados de parte de los letrados.
"La información contenida en la documentación que conforma la postulación de los inscriptos tendrá carácter de declaración jurada. La constatación de su falsedad implica la automática exclusión del postulante", aseveraron desde la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Justicia.
"Por su conducta no es difícil considerar que estamos en presencia de un hecho de inusitada gravedad", entendieron.
Desde el órgano señalaron que "intentó alcanzar de manera ilegítima un puntaje en concepto de antecedentes personales académicos mayor al que efectivamente le correspondía. De ese modo, afectó los procedimientos de selección de carácter público y ocasionó un perjuicio real y directo a los fines públicos comprometidos por el Estado Provincial en esta actividad administrativa”.
“También vulneró los intereses legítimos de los restantes postulantes a cubrir los cargos y de manera indirecta, a la comunidad en general", cerraron.