Es una iniciativa presentada por el Ejecutivo Nacional que reforma el Código Penal y que, según una carta firmada por 80 organizaciones, “legitimaría la criminalización de la protesta”. El proyecto fue enviadao por la Presidente en la convocatoria a sesiones extraordinarias.
Este lunes se publicó en el Boletín Oficial el decreto 2021/2011 por medio del cual la presidente, Cristina Fernández de Kirchner, convocó a sesiones extraordinarias al Congreso de la Nación entre el 12 y el 30 de diciembre. Allí se incluye un proyecto, enviado por el Ejecutivo el pasado 14 de octubre, que pretende modificar el Código Penal incorporando un nuevo agravante.
La iniciativa que fue criticada por más 80 organizaciones sociales nacionales e internacionales, entre las que se encuentran, entre otras; el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), ACIJ (Asociación Civil Por la Igualdad y la Justicia) y el INECIP (Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales). También expresaron su crítica personalidades de la política nacional tales como Adolfo Pérez Esquivel y Elia Espen, Madre de Plaza de Mayo (Línea Fundadora).
El documento firmado por las organizaciones expresa la “profunda preocupación” por la reforma penal pretendida ya que, de aprobarse, se “legitimaría la criminalización de la protesta”.
Para las organizaciones, el proyecto tiene por finalidad “reforzar la capacidad estatal de reprimir pretendidos actos de terrorismo o a quienes los financien” aunque “utiliza conceptos tan abiertos e imprecisos hacen posible la aplicación de estos agravantes a la gama de figuras penales típicamente utilizadas para la criminalización de la protesta social”. Tales como: “en la persecución de resistencias a desalojos, cortes de vías de circulación o simples actos de protesta en el espacio público”.
El proyecto, sostiene el documento, “incorporaría al Código Penal una nueva agravante para cualquier delito que fuera cometido con la finalidad de generar terror en la población o de obligar a un gobierno a adoptar o abstenerse de tomar determinada decisión”. Casos en los que se elevaría la pena aplicable al doble de la pena mínima y de la máxima.
“La reforma propuesta agravaría la amenaza de persecución penal para las personas que luchan por la reivindicación de sus derechos y generaría las condiciones para una mayor criminalización de la protesta social a través de la ampliación de las figuras penales, el aumento de las penas y el estigma social de los luchadores populares, por su eventual asociación simbólica al terrorismo”, expresan.
Es que “Una normativa similar ha tenido graves consecuencias en su aplicación en Chile” ya que “ha permitido la persecución penal de dirigentes del pueblo Mapuche en el marco de la ley antiterrorista, por cargos asociados al incendio de bosques”.
Aunque se aclara que “si bien el proyecto establece que el agravante no se aplicaría en los casos en que se trate del ejercicio de un derecho constitucional, este criterio no garantiza que líderes sociales no sean perseguidos y sometidos a proceso bajo estas nuevas figuras ligadas al terrorismo” ya que con “la amplitud e imprecisión de los términos, se invierte la carga de la prueba y serán ellos los que deberán probar, en el marco de los procesos penales, que no son terroristas”.
“Manifestamos nuestra oposición al proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo Nacional y llamamos a las autoridades políticas a abstenerse de aprobar esta reforma en tanto constituye una nueva ampliación de la respuesta punitiva estatal mediante la incorporación de figuras inconstitucionales, el aumento de penas y la legitimación de la persecución penal a la protesta social”, concluyen.
La iniciativa se encuentra en el temario enviado por el Ejecutivo en la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación dispuestas hasta el 30 de diciembre próximo.