Como medida para garantizar el cumplimiento de transparencia, una resolución de la Oficina Anticorrupción advierte a los funcionarios públicos que no presenten su declaración jurada la imposición de retenciones en sus haberes.
“A partir de esta normativa, se estableció que las direcciones de Recursos Humanos correspondientes deberán bloquear el 20% del salario hasta que el funcionario incumplidor regularice su situación”, aseguró Julio Vitobello, Fiscal de Control Administrativo de la a Oficina Anticorrupción (OA).
Vitobello se refiere más precisamente a la resolución 009/2011 presentada desde la OA, en la que se estipula que aquellos funcionarios que no presenten en tiempo y forma sus declaraciones juradas podrán sufrir una quita o retenciones en sus haberes.
“Esta medida fortalece el sistema de declaraciones juradas patrimoniales y hace más eficiente el control sobre los funcionarios”, agregó al respecto Vitobello.
Desde la OA también se encargaron de afirmar que “la retención de haberes está prevista en el decreto reglamentario de la Ley de Ética Pública (25.188) del año 1999, pero hasta ahora no se habían dictado las normas que permitieran hacerla efectiva”. El decreto señalado desde el organismo incluía una serie de consideraciones al respecto.
Por ejemplo, que “el incumplimiento de la presentación de la declaración jurada patrimonial integral, podrá dar lugar a la suspensión de la percepción de haberes por parte del agente incumplidor, hasta que satisfaga su obligación”, según reza el decreto 164/99, llevado a la práctica a partir de ahora por la OA.
Esta iniciativa está enmarcada, a su vez, en el Plan de Fortalecimiento del Régimen de Declaraciones Juradas, cuya finalidad es “ajustar el cumplimiento de las presentaciones a las que están obligados los funcionarios públicos y mejorar los controles patrimoniales”. Esta iniciativa generó, a su vez, que se realicen una mayor cantidad de intimaciones y 70 denuncias penales.
Otro punto destacable, según consignaron desde el organismo, es que evitar la presentación de Declaraciones Juradas es un delito que está penado con hasta dos años de prisión. La responsabilidad de intimar a los funcionarios que incurrieran en tal omisión es de las Direcciones de Recursos Humanos de las entidades que se encontraran con esos casos.
Más de 35.000 funcionarios están obligados, en la actualidad, a presentar las declaraciones. En este marco, la OA verificó que se registra un 85% de efectividad al respecto.